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Washington, 30 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato de Diana Sacayán, una defensora de los derechos humanos de las personas transexuales en Argentina, quien fue hallada sin vida en su vivienda de Buenos Aires el pasado 13 de octubre.
En un comunicado, la CIDH aseguró que Sacayán «jugó un papel esencial» en la promulgación de una ley que establece que debe asignarse «una cuota mínima de al menos un uno por ciento en los empleos del sector público en la provincia de Buenos Aires a personas transexuales».
«También tuvo un rol fundamental en la adopción de un protocolo por el Ministerio de Salud para el tratamiento adecuado de las personas transexuales en hospitales en la provincia de Buenos Aires», indicó el organismo panamericano.
Sacayán era «referente» del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y representante de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés).
También formaba parte del equipo del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y participó como experta en derechos humanos en una reunión sobre empleo y derechos humanos de personas LGBTI organizada por la CIDH en octubre de 2012 en Barbados.
La CIDH reconoció «la labor del gobierno de Argentina» en la promoción de los derechos de las personas transexuales, especialmente a través de medidas legislativas, tal como la ley de identidad de género de 2012.
El organismo instó a Argentina a que adopte medidas integrales para abordar las causas de fondo que subyacen en la violencia contra personas transexuales, «tal como la discriminación general que enfrentan dentro de sus familias, comunidades, escuelas y en los sectores de empleo y salud».
La CIDH pidió al país suramericano «seguir pautas de investigación que tomen en cuenta si el asesinato de Diana Sacayán está relacionado con su trabajo de defensa de los derechos humanos de las personas transexuales y si fue cometido debido a su identidad de género».
«El Estado debe iniciar una investigación exhaustiva que tendrá que realizarse con la debida diligencia, juzgar y sancionar a las personas que resulten responsables», concluyó el organismo.