Buenos Aires. Por Natalia AGUIAR, para SudAmericaHoy (SAH)

Tras dos días de intensos debates entre el Gobierno argentino y el grupo Clarín, la Corte Suprema está en condiciones de resolver la constitucionalidad -o no- de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, popularmente conocida como Ley de Medios.

La causa es impulsada desde hace cinco años por el Grupo Clarín. La ley se sancionó en el año 2009 y desde entonces,  el «multimedios» persigue la inconstitucionalidad de cuatro de sus artículos.

En diciembre de 2012, el juez civil y comercial de primera instancia, Horacio Alfonso, resolvió sobre la constitucionalidad de la norma, mientras que en Abril de 2013 la sala I de la Cámara del fuero declaró inconstitucionales los artículos 45 y 48 de la Ley de Medios y le dió la razón a Clarín. De esta manera, en Junio de 2013, llega la causa por primera vez a resolución del Máximo Tribunal Argentino.

Por el nivel de tensión entre las partes y ante las elecciones legislativas que se llevan a cabo en Argentina, en Octubre de este año, en el que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parece jugarse su continuidad en el poder, de acuerdo a si logra o no mantener las mayorías en las cámaras de senadores y diputados, los magistrados de la Corte decidieron abrir el tema a debate.

Los siete ministros de la Corte Suprema decidieron aceptar la participación de Amigos del Tribunal, Organizaciones no gubernamentales con reconocida experiencia en la materia para poder argumentar los fundamentos técnicos y jurídicos de las partes en conflicto.

En el debate del pasado  miércoles expusieron en audiencia pública los Amicus curiae mientras que el jueves las partes contestaron preguntas de los jueces, una batería lanzada con artillería pesada en ambos casos.

El cuestionario “consensuado” entre los magistrados, se centró en las discusiones relativas a libertad de expresión y sustentabilidad económica del Grupo, las prácticas monopólicas, los avatares de la fusión Cablevisión Multicanal (distribuidores de Tv por cable), la real aplicación que tiene hoy la Ley de Medios y el eventual perjuicio que causaría a Clarín la validez plena de la norma, entre otros aspectos.

 El grupo Clarín aludió a una «incapacidad de sobrevivir» en caso de la aplicación plena de la ley sancionada hace 4 años y denunció «hostigamiento» estatal. Los representantes del Estado Nacional, por su parte, pusieron eje en un crecimiento empresario que calificaron de «monopólico». Asimismo, le atribuyeron prácticas «depredadoras» iniciadas en la última dictadura cívico militar.

 «Se desbarata un medio que es una puerta al mundo», avanzó la abogada del multimedio María Angélica Gelli, en medio de los argumentos que insistieron en unir sustentabilidad económica con libertad de expresión.  Alejandro Carrió, otro de los abogados de la empresa, soslayó, «Se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país».

El  Poder Ejecutivo Nacional defendió la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque, de acuerdo a su exposición, protege la diversidad de contenidos y prestadores de servicios., Insistió en que 29 prestadores expresaron su voluntad de adecuarse a la ley y sólo uno, el grupo Clarín, no lo hizo.

Daniel Larrache, director de gestión, administración y desarrollo de la AFSCA-Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual- justificó que cuando se dice que la ley «no se aplica plenamente es porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley».

La abogada del estado Graciana Peñafort Colombi remarcó que Clarín, «logró concentrar más licencias que las permitidas»  y señaló que «la libertad de expresión es un valor simbólico que requiere una legislación anterior a que se produzca la vulneración», a diferencia de la ley de defensa de la competencia, que es posterior.

Para cerrar su alegato, el abogado de Clarín Damián Cassino expresó: «Lo único que se persigue es desguazar al grupo Clarín», y afirmó no entender «para qué quiere el Estado las licencias del Grupo Clarín sino es para silenciar la voz crítica?».

 Ahora la decisión final la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Juristas consultados advierten que el fallo no podría apartarse de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, la balanza técnica y jurídica, se inclina hacia Clarín, pero los ministros buscarían la forma más diplomática para lograr un resultado: Empate técnico.