viernes, 18 de septiembre de 2015
Comentarista de fútbol en Argentina imputado por presunto lavado de dinero

Buenos Aires, 18 sep (EFE).- Un fiscal de Argentina imputó hoy por presunto lavado de dinero al comentarista de fútbol Fernando Niembro, involucrado en un escándalo por supuestas irregularidades en la firma de contratos con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por el fiscal Ramiro González, quien también imputó a quien fuera socio de Niembro en la productora La Usina, Atilio Alberto Mezza, según informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web.
«De esta manera, se busca investigar el presunto lavado de activos de origen ilícito en orden a los 20 millones de pesos (2,1 millones de dólares)», indicó el Ministerio Público Fiscal.
El fiscal adoptó esta decisión a partir de una denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina.
Niembro renunció el miércoles pasado a su candidatura a diputado de la provincia de Buenos Aires por la conservadora Propuesta Republicana (Pro) tras el escándalo por supuestos contratos irregulares entre La Usina, que fue propiedad del periodista, y el Gobierno de la capital argentina.
El periodista ha negado las acusaciones y dijo que es víctima de una campaña sucia montada por el kirchnerismo.
Niembro, que se retiró de la empresa hace un año y medio, es un reconocido comentarista deportivo que en los comicios de octubre iba a competir como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por Pro, fuerza que a nivel nacional lidera el alcalde de Buenos Aires y candidato presidencial, el conservador Mauricio Macri.
Según denuncias del kirchnerismo, existirían al menos unos 160 contratos, celebrados entre 2012 y este año, en condiciones presuntamente irregulares, entre la empresa La Usina Producciones y la Secretaría de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno de la capital argentina.
Entre otras irregularidades, la productora no tendría empleados registrados y habría celebrado los contratos en forma directa con el Gobierno (sin pasar por licitaciones ni compulsas de precios).