Buenos Aires, 6 ago (EFE).- Con la ausencia del expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), uno de los principales imputados, un tribunal argentino dio inicio hoy al juicio por presunto encubrimiento del atentado contra la mutualista judía AMIA, que causó 85 muertos y sigue impune 21 años después.
Menem, de 85 años, dio plantón al Tribunal Oral Federal 2 por un «agravamiento» de su estado de salud, según comunicó la defensa del expresidente a los jueces, que habían desestimado pedidos previos para no comparecer por el mismo motivo.
También se ausentó de la sala el extitular de los servicios de inteligencia argentinos Hugo Anzorreguy, quien atendió el inicio del juicio por videoconferencia desde la clínica donde se encuentra ingresado por una infección.
En total, son trece los imputados por numerosas irregularidades detectadas en el primer juicio abierto por el atentado contra la AMIA, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de los policías imputados en él.
Entre ellos figura el primer juez de la causa, Juan José Galeano, quien fue destituido en 2005 por mal desempeño; los exfiscales de la causa Eamón Mullen y Jorge Barbaccia; el excomisario de la Policía Federal Jorge Palacios; y el abogado Carlos Telleldín.
En esta primera audiencia se leyeron los delitos que se les imputa: encubrimiento, abuso de autoridad, falsedad ideológica y violación de medios de prueba, a los que Galeano suma el cargo de prevaricato.
Los familiares de las víctimas asistieron al comienzo de un juicio que ven como una «oportunidad» de reparar el «daño que este encubrimiento implicó», en palabras de Diana Malamud, miembro de Memoria Activa y esposa de uno de los fallecidos.
«No hay presuntos encubridores: acá hay encubridores», enfatizó Malamud, quien aseguró que espera «una condena ejemplar» para los acusados.
El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, expresó hoy su confianza en que el proceso permita «dar con los responsables de esa catástrofe» y «dar una buena pista de la conexión local, que es la que falta como pata fundamental en estos términos».
En su contacto diario con los medios, Fernández recordó que «hay investigaciones que se supone que se venían haciendo en aquel momento, hay cosas que se suponen que se conocían en aquel momento y que después terminaron en lo que terminaron: terminaron en la nada después de tantos años».
Al declarar la nulidad de la investigación en 2004, la Justicia sostuvo que el Gobierno de Menem y el juez Galeano buscaron «encontrar culpables a cualquier precio».
Los trece imputados son juzgados por el presunto soborno, con 400.000 dólares, al abogado Carlos Telleldín para incriminar a policías bonaerenses y el encubrimiento de la llamada «pista siria», que ligaba a empresarios de ese origen allegados a la entonces familia presidencial Menem.
Entre las irregularidades detectadas en la etapa de instrucción figura la «pérdida» de unas 60 cintas con escuchas telefónicas de los servicios secretos argentinos a presuntos integrantes de la conexión local que cooperó con los terroristas.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, y el exdirector de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia argentina Antonio «Jaime» Stiuso, se cuentan entre la lista de 140 testigos llamados a declarar en el juicio, que se prolongará durante más de un año.
El proceso que comenzó hoy avanza de forma paralela a la investigación sobre la comisión del atentado, que sufrió un gran revés el pasado enero con la muerte, en circunstancias aún sin aclarar, del fiscal Alberto Nisman, quien estuvo al frente de las pesquisas judiciales durante la última década.
En 2006, Nisman acusó a Irán de ser autor intelectual del atentado y a la agrupación Hizbulá de ejecutarlo.
Ante la negativa de Teherán a extraditar a los acusados por el fiscal, entre ellos altos cargos del Gobierno, el Ejecutivo argentino firmó en 2013 un polémico memorándum de entendimiento con Irán, rechazado por la comunidad judía local, para interrogar a los sospechosos en suelo iraní.
El pasado 14 de enero, y basándose en el memorándum, Nisman denunció a la presidenta por presunto encubrimiento a los autores iraníes del atentado.
Cuatro días más tarde, el fiscal fue encontrado muerto en su vivienda con un disparo en la cabeza, mientras que la Justicia archivó en mayo su denuncia contra Fernández por «inexistencia de delito».
El atentado contra la AMIA fue el segundo contra sedes judías en Argentina, tras el perpetrado en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, también atribuido a Hizbulá, en el que murieron 29 personas.