Buenos Aires, 6 ago (EFE).- El juicio por presunto encubrimiento del atentado contra la mutualista judía AMIA arrancó hoy en Buenos Aires sin la presencia del expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), uno de los principales imputados, por motivos de salud.
La defensa de Menem presentó ante el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires un certificado médico que da fe de un «agravamiento» del estado de salud del expresidente argentino, de 85 años, por un cuadro de hipertensión arterial, diabetes y artrosis, entre otras dolencias.
También se ausentó de la sala el extitular de los servicios de inteligencia argentinos Hugo Anzorreguy, quien atendió el inicio del juicio por videoconferencia desde la clínica donde se encuentra ingresado por una infección.
En total son 13 los imputados por las numerosas irregularidades detectadas en la primera causa del juicio por el atentado contra la AMIA en 1994, que causó 85 muertos y cientos de heridos.
Los integrantes del tribunal juzgarán el presunto soborno, con 400.000 dólares, al abogado Carlos Telleldín para incriminar a policías bonaerenses y el encubrimiento de la llamada «pista siria», que ligaba a empresarios de ese origen allegados a la entonces familia presidencial Menem.
Los imputados están acusados de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica, mientras que el primer juez de la causa, Juan José Galeano, quien fue destituido en 2005 por «mal desempeño», enfrenta además el cargo de prevaricato.
Entre las irregularidades detectadas en la etapa de instrucción figura la «pérdida» de unas 60 cintas con escuchas telefónicas de los servicios secretos argentinos a presuntos integrantes de la conexión local que cooperó con los terroristas.
Con unos 140 testigos previstos, entre ellos la presidenta argentina, Cristina Fernández, se calcula que el juicio se prolongará más de un año.
La Justicia abrió este proceso en 2004, tras declarar nula la investigación judicial y absolver a los cuatro policías imputados en la primera causa AMIA, al considerar que existió una política de Estado para «encontrar culpables a cualquier precio».
Se trata de un juicio paralelo a la investigación por la responsabilidad del atentado, que transcurridos más de 21 años, aún sigue impune.
El ataque contra la sede de la AMIA fue el segundo contra sedes judías en Argentina, tras el perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en el que murieron 29 personas en 1992.
La comunidad judía atribuye la autoría de ambos atentados a Hizbulá.