Por Daniel CASAS

En sus diversos envases, expuesta o camuflada, la corrupción está presente en la vida cotidiana en una lucha desigual contra la ética, cada vez más escuálida, de tanto ceder ante los devaneos de la doble moral. Por supuesto, no es un fenómeno local ni regional, es global y acompaña a los humanos desde el principio de los tiempos, pero esta nota se centra en Argentina y en América Latina.

El gobierno de Mauricio Macri se apresta a enviar al Congreso un paquete de normas contra la inseguridad y el narcotráfico, que contiene una ley del arrepentido, que prevé beneficios en las condenas para aquel implicado en un ilícito que brinde datos que ayuden a desarticular organizaciones delictivas.
La figura del arrepentido ya existe en la legislación argentina para casos de narcotráfico, secuestros extorsivos y trata de personas, pero los resultados hasta el momento han sido cuanto menos magros.
Que sea efectiva o no una norma de este tipo depende de una estructura judicial independiente, que no cambie de parecer en consonancia con los cambios de gobiernos, y esencialmente un cambio cultural, incorporar al adn social que la calidad de los delitos no varía de acuerdo a la simpatía o el interés político que despierten quienes los cometen. Nada fácil en un país donde las grandes sospechas de corrupción de los gobiernos se solucionan con un voto castigo y la elección de un cabeza de turco o culpable prototipo, como lo fue María Julia Alsogaray tras la gestión de Carlos Menem y como pueden serlo Ricardo Jaime y/o Amado Boudou en este fin de la era kirchnerista.

La ex presidenta Crisitina Fernández de Kircnner y su ex vicepresidente, Amado Boudou

Los efectos de estas políticas han sido reflejadas por cientos de películas, pero está al alcance de la mano un ejemplo real de lo que significa la aplicación de ley del arrepentido, con el caso de corrupción en la petrolera estatal brasileña, Petrobras. Paradógicamente, esa norma fue firmada en 2010 por la presidenta Dilma Rousseff, tal vez sin imaginar que su gobierno y su propia fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), estarían en el ojo de la tormenta a la vuelta de pocos años.
Luego de haber sorteado el escándalo de corrupción del “Mensalao”, que llegó a la cúpula misma del PT, la firma de la ley que premia la delación llevó al escándalo de Petrobras a límites insospechados a partir de las “delaciones premiadas” de varios implicados en el lavado del dinero que se presume salió de Patrobras, bautizado como “Lava Jato” (lavado rápido) porque la punta del ovillo que desenrosca la investigación surgió de un lavadero de autos instalado con dinero que no se pudo justificar.

Dilma Rousseff

El propio ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, está acorralado por las investigaciones del Lava Jato, al punto de que el viernes 4 de marzo fue allando su domicilio y fue trasladado coercitivamente para prestar declaración ante la Policía Federal, que en Brasil cumple funciones en la instrucción de la causa que en otros países, como es el caso de Argentina, están reservadas a los fiscales.
El caso es que la corrupción, como queda muy a la vista tanto en Brasil como en Venezuela y Argentina, es también una herramienta de los partidos de oposición política para acceder al poder, aunque no necesariamente para eliminar de raíz esas prácticas. Lula, que sigue siendo un político con gran predicamento en Brasil, lo sabe y está intentando utilizar políticamente la situación para volver a competir por la presidencia en 2018.

Los últimos presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula, Dilma Rousseuff y Fernando Henrique Cardoso

El escándalo de Petrobras hizo que Brasil quedara peor posicionado en el indice de percepción de la corrupción (IPC) que elabora anualmente Transparencia Internacional. Pasó del puesto 69, en 2014, al puesto 76, sobre 168 países que se midieron en 2015.
En esa medición, realizada durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina se mantuvo en el puesto 107, muy lejos de lote de países con menos IPC del mundo, que alinea en el podio a Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia.
“Los empresarios, inversores, y expertos al rededor del mundo siguen viendo que Argentina no hizo nada para mejorar la lucha contra la corrupción durante los últimos dos años. El nuevo gobierno tiene un gran desafío por delante para sancionar leyes, y estandarizar prácticas que tiendan a mejorar la transparencia en el sector público”, dijo Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, cuando se conoció el IPC de Transparencia Internacional, a mediados de enero último.

El presidente de Paraguay, Horacio-Cartes

En la medición de los países que integran el Mercosur, Venezuela aparece como el país con mayores niveles de corrupción, en el puesto 161, seguida por Paraguay (150), Argentina (107), Brasil (76) y Uruguay (21).
Claro que la corrupción tampoco es patrimonio exclusivo de los países que tuvieron recientemente o tienen gobiernos que se identifican como populistas. La mayoría de las naciones que integran la Alianza del Pacífico tampoco están bien posicionadas. México ocupa en puesto 103 en el listado de Transparencia Internacional, Colombia el 94, Perú el 85 y Chile el 21.
A fin de cuentas, parafraseando una viaja canción de Marilina Ross, aunque no la veamos, la corrupción siempre está. El dilema es si se la combate o si se la asume y naturaliza.