La presidenta de Argentina y el juez federal Claudio Bonadío

Buenos Aires. Por Carmen DE CARLOS, para SudAméricaHoy (SAH)

El cerco de la corrupción se estrecha sobre la presidenta de Argentina y ésta se defiende apuntando al juez que se esmera en allanarle el camino, hacía el banquillo de los acusados, en Buenos Aires. Otros fueros en Suiza, Estados Unidos y hasta Uruguay, van por la misma senda en busca de la ruta del dinero sucio -del poder argentino- pasado por la centrifugadora de sociedades y bancos de diferentes banderas.

El nombre de Lázaro Báez y la cadena de hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, parecen haberse convertido, un año antes de que ésta abandone la Casa Rosada, en síntomas de una enfermedad terminal que encuentra nombre y apellidos en el Código Penal (incluido el “made in K”) que el juez federal Claudio Bonadío (azote del Ejecutivo) conoce con detalle y en especial ese artículo que apunta al lavado de dinero.

Este Gobierno, que nació como un plan de alternancia indefinida entre Néstor Kirchner y su hoy viuda, mantiene coherencia en algunos de sus hábitos. Entre otros, el de ir a por más hasta el último día. También en sus reacciones primarias frente a los reveses, sean estos de la justicia propia o de la ajena, pero elegida de forma voluntaria, caso deuda externa y tribunales de Nueva York. El estilo “K” es así, ante la reacción del otro redobla su acción aunque luego le sacudan por partida doble o triple.

Lo hizo y le pasó con Repsol, el Club de París y la lista de empresas con las que tuvo que alcanzar acuerdos en el CIADI (arbitraje internacional que depende del Banco Mundial). También lo hizo con el peculiar juez Thomas Griessa y la broma no le está saliendo precisamente gratis a Argentina.

En todos los casos mencionados el Gobierno, que es lo mismo que decir Cristina Fernández, actuó de una forma muy parecida a esa tan castiza en España de, “pa chulos yo” o aquella a la que suelen recurrir los hombres débiles para demostrar que son más machos que nadie y que apunta a la longitud de su miembro más sobresaliente.

En el caso de Bonadío, le intentan aplicar esa estrategia y tratan de ponerle contra las cuerdas del Consejo de la Magistratura (similar a un Consejo del Poder Judicial). El problema es que este enemigo o su último desafío, es alguien que un día, allá por los años 70, estuvo muy cerca del círculo peronista en la facción “Guardia de Hierro” y eso de “redoblar la apuesta”, también es cosa suya. Como muestra, la orden de registro de lo que resultó ser una sede fantasma de Hotesur en Buenos Aires, la sociedad que administra el Hotel Alto Calafate de la presidenta donde Lázaro Báez, su socio en variados menesteres, pagaba más de mil habitaciones todos los meses aunque allí no hubiera un alma o apenas la tripulación de Aerolíneas Argentinas.

La presidenta reaccionó, una vez más, mal y en su regreso a la escena pública tras el mes de convalecencia por una infección en el colon, se refirió a Bonadío, sin pronunciar su nombre, como un “carancho” (carroñero) que la pretendía “extorsionar”, por investigar donde no debía. En la misma línea, el senador Marcelo Fuentes, más “cristinista” que Cristina, denunció al juez en los tribunales ordinarios por

enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y abuso de autoridad. No fue tan lejos como el ex secretario de Tierras, Luis D ´Elía que pidió “clavar en una pica la cabeza del juez” por husmear en la hacienda de la presidenta pero, como buen K, fue a por más.

La respuesta inmediata de Bonadío, el magistrado que habla por sus sentencias (incluidas las discutidas) fue solicitar al fisco las declaraciones juradas de Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, su hija Florencia, Lázaro Báez y toda la información del multimillonario patrimonio que estaba a nombre de Néstor Kirchner entre el 2008 y el 2010, año de su muerte. ¿Alguien da más?

La familia Kirchner durante la primera investidura de Cristina Fernández