Por Adolfo ATHOS AGUIAR, para SudAméricaHoy

Más que el propio gobierno argentino, los medios de prensa que le son más proclives manifiestan estupor por la virtual decapitación del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien se ha visto privado de todas las funciones administrativas y económicas de las que usó y abusó su predecesor, Ricardo Lorenzetti. Las interpretaciones periodísticas son variadas, algunas torpes, otras absurdas, pero alguna demuestra un nivel de conocimiento casi pornográfico de los comportamientos íntimos de los Cortesanos.

El episodio es apenas el último eslabón de una cadena de eventos en los que los operadores del gobierno se enredaron en la cultura porteña de “ “chicas bien” de “casas mal” con esas otras “chicas mal” de “casas bien”” (receta del tango “Pucherito de gallina”). El Gobierno Macri pretendió en herencia las prácticas de justicia –sembradas por Menem y reforzadas por el matrimonio Kirchner Fernández- comprando favores con dinero. Y como a tantos otarios del tango, cuando se acabó el “vento”, encontró su límite el amor.

Entre los regalos que “niños bien, pretenciosos y engrupidos” dilapidaron, uno pasó casi inadvertido, pero selló el destino del romance. Hace apenas seis meses, a los operadores judiciales del gobierno se les ocurrió esconder el maíz en el chiquero, indicando al sustituto de la infamada ex procuradora general Gils Carbó, Eduardo Casal, dictaminar en contra de la inconstitucionalidad de la ley 26080, dando pie a la Corte para derivarla a una improbable solución legislativa.

Esa ley fue la piedra fundamental del descontrol en el manejo de los fondos del poder judicial, y la clave del desgaste institucional de sus procesos de gobierno. El gobierno prefirió conservarla porque ilusamente creía tener el pleno control de ambos organismos, Consejo de la Magistratura y Corte Suprema.

La acción abandonada por el Procurador venía impulsada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los pocos llamados “Colegios” que no tiene respaldo de derecho público, es considerado un organismo conservador y un inclaudicable defensor de las garantías constitucionales. Quizás llevado por su cercanía ideológica o afectiva con algunos integrantes del gobierno, guardó un relativo silencio frente a esa anomalía.

Rosenkrantz es apenas la última víctima aparente de un proceso ininterrumpido de desgaste y demolición que se inició con la participación estelar de los por entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Ministro del Interior (y después de Justicia) Aníbal Fernández y Jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández.

Liberado del mamarracho del consenso cortesano, le quedará seguir demostrando su calidad casi noratlántica de jurista constitucional, dictando votos de estructura lógica, contenido argumental y consistencia intelectual de la que carecen sus colegas, y que para unos cuantos entendidos supera a los de los añorados Fayt y Argibay.

A los galanes de billetera que operan para el gobierno, antes de que repongan sus ahorros y se vuelvan a enamorar en los dancings de Plaza Lavalle, se le recomienda la lectura de la nota “Los cabarets de los años cuarenta” del erudito Jorge Palacio (“Faruk”) () y de la más árida pornografía del gobierno judicial, en el acta del Consejo de la Magistratura del 26 de abril de 2007, en la que se consolidaba el fondo anticíclico que tanto aman en la Corte, regalado ahora definitivamente por el Gobierno Nacional. Es que en Argentina la realidad supera al tango.