Fotografía trucada que recibió la ex esposa de Nisman

Por José VALÉS

Un cadáver pesa. El de Alberto Nisman es una carga insoportable para Argentina, principalmente, para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sometido, como quedó desde la muerte del fiscal que investigaba el atentado a la mutual judía Amia, al desmoronamiento de su estructura de poder.

Lo que primero se presentó como un “suicidio” y ahora se parece cada vez más a un asesinato decidido en las entrañas más oscuras del Gobierno, incluyendo a la Secretaría de Inteligencia, condenó al kirchnerismo no solo al papelón de cambiar de postura en menos de 48 horas, sino a tener que padecer sus últimos 11 meses en el poder, cuestionado, bajo sospecha y al igual que otros tantos gobiernos a lo largo de la historia argentina, con un muerto de peso en sus alforjas.

Nisman, de 51 años de edad, de los cuales dedicó 17 a investigar el peor atentado terrorista de la historia argentina –el de la Amia, en donde el 18 de julio de 1994 murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos–, había sido designado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner como fiscal especial para tratar de dilucidar el hecho que ya venía manchado con los colores de la impunidad, por el accionar del Gobierno de Carlos Menem y del juez federal Juan José Galeano.

Nisman llegó a sentirse muy cercano a los esposos Kirchner. Tanto que fue el fallecido mandatario el que le presentó a su compañero de trabajo, el entonces jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Antonio «Jaime» Stiusso, el hombre que luego le aportó todas las pruebas técnicas para imputar a la mandataria argentina; al canciller, Héctor Timerman; al diputado, Andrés Larroque y a los piqueteros (activistas sociales o políticos), Luis D’Elía y Fernando Esteche.

No solo eso. En su momento, Nisman acusó de presunto encubrimiento y de fraguar pruebas a Menem y a Galeano, lo que había llevado al fiscal a las páginas de los WikiLeaks, donde aparecía “persiguiendo a los enemigos de los Kirchner”.

El ex presidente Carlos Menem

Si bien los años al frente de la causa no le alcanzaron para esclarecer el atentado, le sirvieron para intentar lo que buscaba con la denuncia que lanzó el 15 de enero pasado contra la jefa de Estado y el resto de los acusados. Evitar que la impunidad vuelva a envolver a esa tragedia que se convirtió en un verdadero aliciente para las instituciones argentinas.

Cientos de cintas grabadas con conversaciones telefónicas y las evidencias de los acontecimientos lo llevaron a convencerse de que la mandataria argentina había firmado un pacto con el Gobierno iraní, para comercializar granos por petróleo a cambio de retirar las alertas rojas de la Interpol contra los funcionarios que habían sido acusados por el atentado.

Desde que se firmó ese pacto en enero del 2013, Nisman sabía que algo se había roto en su relación con el poder. Comenzaba a experimentar en carne propia los tradicionales giros de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Los mismos que pasaron de ser menemistas a antimenemistas; de no recordar nunca a los desaparecidos a reivindicar la verdad y la justicia; los que sellaron una alianza con la Internacional Judía tras su decisión de investigar a fondo lo sucedido en la Amia (y que derivó en el nombramiento primero como embajador en Estados Unidos y luego como canciller a Timerman; los que pasaron de un «romance» con el grupo de medios Clarín a calificarlos de “golpistas”; los que pasaron de denostar al Papa Francisco a considerarlo “un aliado”; o los que usufructuaron a la inteligencia y a la justicia para ahora desecharlos hasta desatar una guerra interna que ya se cobró una vida: la del propio fiscal Nisman.

Por eso el fiscal sabía que su vida corría peligro, desde el momento que se decidió a arruinar el final de época del kirchnerismo. No contaba con que su cadáver le pesaría mucho a toda la clase política, en particular a los candidatos a la presidencia que no saben cómo acomodarse a esta truculenta y nueva realidad, pero más le pesa a la Presidenta.

Una mandataria que eligió la literatura, con sus confusas cartas por las redes sociales, a su acostumbrada oratoria transmitida en cadena nacional para dar otro de sus desesperados giros. Primero lo creyó en un suicidio y dos días después se dijo “convencida” de que el fiscal no se quitó la vida. Cual Agatha Christie del subdesarrollo, la Presidenta desgrana hipótesis y preguntas sobre su muerte.

Al tiempo que “lo ridiculiza cuando aún sus restos no han sido sepultados, diciendo que alguien le preparó la denuncia, que por qué volvió antes de sus vacaciones, sin la posibilidad que nuestro colega muerto pueda defenderse”, se quejó Carlos Donoso Castex, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales que se presentó como querellante en la causa sobre el caso.

Pero el Gobierno insiste en medio de una desesperación que no se le conocía hasta el momento. Y es que ya no solo se va desgastado y en medio del tumulto por la crisis económica y los conflictos políticos que se dedicó a construir a lo largo de 12 años en el poder.

Como no podía ser menos que otros gobiernos, el de Cristina Fernández ya es cuestionado por una muerte, como en su momento lo fueron los de Eduardo Duhalde, por los asesinatos por parte de la Policía de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y que aceleraron su salida del poder.

Algo parecido sucedió con Fernando de la Rúa, sacado del gobierno tras un baño de sangre protagonizado por las fuerzas del orden el 19 y 20 de diciembre de 2001; o Carlos Menem, bajo cuyo mandato fue asesinado el reportero gráfico José Luis Cabezas.

Así, pareciera que las instituciones y la democracia en Argentina se debilitan, con muertos de todas las épocas y cuyas investigaciones podrían quedar en la impunidad, como podría suceder con el caso Nisman.