Por Adolfo ATHOS AGUIAR, para SudAméricaHoy

Maestro de los dichos camperos, Perón solía decir que “para hacer el adobe se necesita bosta”; la proverbial tendencia a la exageración de los argentinos, y no sólo de los peronistas (aunque Perón también decía que al margen de sus pertenencias políticas, “peronistas somos todos”) nos ha llevado a abusar en el concepto, y sostener que mucha bosta sirve para todo.

Que tres condenados a cadena perpetua por un crimen de poder, oscuro y mal investigado se “fuguen” caminando de una prisión de máxima seguridad y se paseen a los tiros por la provincia, percolando (*) libremente por un operativo de seguridad tan masivo como ineficiente, quizás sea una oportunidad para la flamante gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

Corresponde al Gobierno encabezado por María Eugenia Vidal analizar y decidir seriamente cuánta bosta tolera la administración de su Provincia; con cuanto residuo escatológico puede o debe gobernar, al margen de la buena voluntad que haya querido mostrar a las desproporcionadas y cualunquistas burocracias que le han legado medio siglo de decadencia institucional bonaerense.

Es probable que el desempeño del nuevo gobierno bonaerense sea más importante para nuestra historia nacional, que el destino que finalmente alcance al gobierno del presidente Macri. Quizás sea un prejuicio provinciano, pero son los bonaerenses los que volverán a definir –otra vez- para donde apunta nuestro país.

Mientras la gobernadora Vidal, Ritondo (Ministro de seguridad) y Mahiques (Ministro de Justicia) se dejaban sorprender por la estruendosa performance del trío Lanatta, la Suprema Corte de Justicia dictaba una acordada donde se quejaba del tratamiento presupuestario del Poder Judicial y de la dilación de la concesión de su autonomía presupuestaria y autarquía económica financiera, como si alguna vez hubiera mostrado preocupación o aptitud para dirigir el gobierno del Poder Judicial de la Provincia. Cuatro de sus actuales integrantes (Hitters, Genoud, Pettigiani y De Lazzari) arribaron a la Corte previo paso fallido por los Ministerios de Justicia y Seguridad.

En los veintiocho años de gobierno incontrolado de las diferentes variantes del peronismo, la Provincia de Buenos Aires ha atravesado una decena de “crisis de seguridad”, que con la sola excepción de un plan bien elaborado por Alberto Binder y pésimamente implementado por Arslanian (el primero, el único que ha reunido capacidad diagnóstica, honestidad intelectual y capacidad de pensamiento estratégico) sirvieron en general para compras masivas de patrulleros caros, helicópteros inservibles, chalecos permeables a las balas, uniformes diminutos y otras exquisiteces.

Cuatro gobernadores sucesivos ensayaron con casi treinta ministros y responsables del área, sin arribar nunca a un diagnóstico sincero ni un plan específico y concreto.

Una norma todavía vigente trae del pasado una anécdota penosa y una frustración institucional y social mayor. En uno de sus últimos intentos legislativos, el gobierno de Duhalde promulgó la ley 12.154 que introducía el concepto de “Sistema de Seguridad” e incluía la premisa de una amplia participación comunitaria, gubernamental y sectorial en la formulación de las políticas. La ley preveía que “la seguridad pública implica la acción coordinada y la interacción permanente del pueblo de la Provincia de Buenos Aires y de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal”. Sin embargo, el decreto de promulgación debió “observar” (eufemismo para el ejercicio del veto) toda referencia al Poder Judicial de la Provincia, a los Fiscales Departamentales y al Colegio o Asociación de Magistrados. La misma Corte de la Provincia había objetado que “someter” a  los Jueces de la Provincia a un organismo deliberativo plurisectorial era una grave amenaza al informe e insustancial (en nuestro país al menos) principio de la Independencia Judicial.

Si bien la ley terminó en un adefesio en que toda la información y la capacidad de gestión y decisión quedaba más piramidalizada que antes, los prejuicios sectoriales y privilegios de casta le escamotearon un agente esencial al combate contra la inseguridad.

Un par de años más tarde, una primera investigación multidisciplinaria realizada por Fores y CiJuSo revelaba el funesto impacto en la eficiencia y eficacia del Plan de Reforma Procesal Penal en la Provincia, desencadenando una proliferación de cargos y organismos, incrementando la burocracia y empeorando los ya malos índices existentes. Estos datos fueron corroborados por un trabajo de CELS (Políticas de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal). Conforme a la escasa información disponible parecen haber aun empeorado en la última década.

La situación judicial y de seguridad de la Provincia de Buenos Aires ha empeorado significativamente en los dieciséis años que han pasado desde esa promulgación. La responsabilidad de ese deterioro no puede atribuir exclusivamente a los zorros bandidos a los que democráticamente les hemos confiado la custodia de nuestro gallinero. Los organismos institucionales de la Justicia Bonaerense (Y no sólo los jueces) han sido actores protagónicos por su prejuicio pseudo virginal de omisión.

La seguridad y la justicia dependen de un taburete de tres patas, profesionalidad técnica, contenido ético y aptitud funcional. Ninguna de las tres está siquiera formulada en la Provincia de Buenos Aires.

La designación de Carlos Mahiques como Ministro de Justicia implica una apuesta audaz y positiva de la Ministra Vidal. Egresado de la Escuela Francesa la Magistratura, Mahiques cuenta con un respaldo intelectual y formativo de la que carecen la inmensa mayoría de los Jueces Bonaerenses. Si con esa ventaja logra respaldar la aparente decisión y buena voluntad de la gobernadora para torcer algunas rémoras institucionales, está por verse.

(*) Moverse através de un medio poroso