Por Marta NERCELLAS, para SudAmericaHoy (SAH)

 Es difícil contestar la pregunta sin que se nos “cuele” la simpatía (o la falta de ella)  no sólo hacia el ex funcionario sino hacia todo lo que él representa.

Intentaré  hacer el esfuerzo de contestar con el código en la mano, tratando de que no interfiera en mi respuesta la imagen  del personaje al que refiero que, a fuer de ser sincera,  no la colocaría en la galería de mis fotos preferidas.

Nuestra Constitución Nacional – que debería ser la ley fundamental y por ello base de todo el sistema normativo-   nos dice que nadie puede ser condenado sin juicio previo. La prisión preventiva, aunque presuntamente se la denomine medida cautelar, es una pena. La Carta Magna  también subraya que los imputados y/o procesados gozan de “presunción de inocencia”. Esto significa  que deben ser tratados como inocentes mientras no se demuestre lo contrario y no, como a veces se entiende, -erróneamente-, que el Juez, pese a las pruebas acumuladas, deba intentar suponer que está frente a un inocente.

Los derechos constitucionales no son absolutos. Las únicas excepciones para que alguien deba esperar detenido son: La sospecha de que puede burlar la acción de la justicia u obstaculizar la investigación. Sólo estos dos peligros procesales justifican que un Juez decida detener a quien aún no está condenado.

No comparto con el Juez Federal que le dictó la prisión preventiva, en primer orden,  que el haber  sido funcionario público y generado fuertes vínculos con el poder, resulte  motivo suficiente para quebrar la regla de la libertad durante el proceso. Sí coincido con él en que Jaime debe esperar la sentencia detenido.

No lo afirmo ni por la grave entidad de los delitos que se le imputan, ni por el gran daño social que esos hechos ilícitos han causado ya que, sin duda, es uno de los autores del delito de “corrupción seguido de muerte”. Delito que como tal no está descripto en el catálogo legislativo pero que al valorar las defraudaciones contra el Estado que perpetró no  debe olvidarse.

Lo asevero porque ha incurrido no en uno sino en los dos motivos que determinan que proceda su encarcelamiento: desobedeció la orden de presentarse a la Justicia, dijo -y así fue–  que hasta que no se resolviera su eximición de prisión no lo haría. Ha demostrado que no va a obedecer una orden judicial si le es adversa. Es decir, que puede, fundadamente, presumirse que Jaime intentará eludir la acción de la Justicia si ésta , tal como parece presumirse por los hechos y las pruebas acumulados en su contra, ordena que cumpla una pena de prisión. Esa pena, vistos los antecedentes, será burlada tal y como hizo con los requerimientos judiciales.

Si esto no alcanzara, Jaime ha obstaculizado la investigación, ha intentado hacer desaparecer prueba cuando ya estaba en manos de la prevención y como no lo logró en ese momento, por algún mecanismo que desconocemos, esa documentación cuya permanencia en el legajo le molestaba, desapareció antes de llegar al juzgado. Es decir, Jaime obstruyó la búsqueda de la verdad y  consiguió al menos ponerla en crisis.

Cualquier ciudadano con estas causales – en rigor con una sola  de ella- estaría mirando la vida con una anteojera de rejas . Pero Jaime no es “cualquier ciudadano” es un ex funcionario que recibió todas las llaves que el poder otorga y que parece seguir usándolas para abrir las puertas de la prisión que hoy debería albergarlo. Él podría contestarnos que a “otro ciudadano”, casualmente también ligado al poder, lo filmaron destruyendo y desapareciendo pruebas y ni siquiera le convocaron a que explique los motivos de sus vertiginosas mudanzas. También, nos podría decir, que no es el único que goza de excepciones en la interpretación de las disposiciones legales..

No creo en las políticas de mano dura ni en la criminalización de las acciones sin respetar la exigencia de “ultima ratio”. Estoy segura que solo el respeto de todas las garantías nos permitirá vivir en un Estado Constitucional de Derecho. Pero mucho menos creo que  la vulneración de las normas procesales para beneficiar ilegalmente a los poderosos pueda permitirse. La repercusión social de esos presagios de impunidad tiene caras consecuencias sociales.