Buenos Aires, 20 oct (EFE).- Dos diputadas argentinas de oposición presentaron hoy ante la Justicia una lista con los nombres de periodistas, políticos opositores al Gobierno de Cristina Fernández, empresario y jueces presuntamente espiados por los servicios de inteligencia estatales.
Laura Alonso y Patricia Bullrich, diputadas del opositor bloque Unión Pro, piden a la Justicia que investigue si las supuestas prácticas de espionaje ilegal a personalidades que «mantienen posiciones críticas o independientes» al oficialismo fueron realizadas por servicios de inteligencia del Estado.
«Se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes de Whatsapp, mails (correos), mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras», aseguró Alonso en el escrito presentado ante los tribunales.
Según describió la diputada en su denuncia, la información le llegó este lunes de parte de un «miembro de los servicios de inteligencia» que le facilitó «un sobre con un listado de personas y otros datos relevantes que podrían conducir a la averiguación del delito en cuestión y eventualmente, imputar a las personas responsables».
Además, Bullrich y Alonso pidieron a la Justicia que ordene allanamientos en dos domicilios donde, presuntamente, se llevaban a cabo las escuchas y que investigue si efectivamente pertenecen a servicios secretos del Estado.
Entre los políticos escuchados, se destacan cuatro candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo domingo, el conservador Mauricio Macri, en cuyo partido están Bullrich y Alonso; los peronistas disidentes Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá y la progresista Margarita Stolbizer.
También aparecen mencionados otros como Gabriela Michetti, candidata a vicepresidenta en la lista de Macri, y Felipe Solá, aspirante a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires por el frente de Massa.
Además aparecen los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y periodistas de medios críticos con el Gobierno, como Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Jorge Lanata y Luis Majul.
«El seguimiento a ciudadanos, periodistas, jueces, políticos, e intelectuales, es un paso más de los aparatos de inteligencia y control sobre todo aquel que piensa distinto y sobre los temas que le arden en la mano al gobierno, como el caso Nisman», sostuvo Bullrich sobre la denuncia realizada.
Precisamente, los servicios de inteligencia en Argentina quedaron bajo la lupa tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en enero pasado en circunstancias aún sin aclarar, pero que el Gobierno de Fernández achacó a una guerra interna entre los espías.
Tras el escándalo por la muerte de Nisman, Fernández impulsó un proyecto para modificar las estructuras de los servicios secretos, disolvió la antigua secretaría de inteligencia y creó una agencia federal que lleva a cabo esta tarea.
Para Alonso, la existencia de la lista «demuestra que el cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia (SI) por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue maquillaje».
En Argentina, la ley de Inteligencia prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos «sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales», así como por la actividad lícita «que desarrollen en cualquier esfera de acción».