Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy (SAH)

La voluntad del Ejecutivo siempre termina plasmada en la letra de molde de la ley. No importa cuántas voces se alcen para tratar de explicar el desatino. Resulta indiferente que se lleve por delante la esperanza de reconstruir la institucionalidad. Las órdenes se cumplen sin siquiera simular un pataleo. No existen actos de postrera dignidad. Cuando alguno de los componentes de la “tropa” oficialista se anime a dudar, lo “convencerán” de que debe comerse las palabras. Con disciplina militar (parece un sarcasmo cuando hablamos de quienes se autoproclaman como aniquiladores de las Fuerzas Armadas) están siempre dispuestos a decir sí , sin quiera saber cuál será la pregunta.

Los roles son conceptos que sólo encontraremos en los libros de historia. Con perseverancia digna de elogio, los fueron invirtiendo uno a uno. El Estado recaudaba para cumplir con sus objetivos esenciales: seguridad, educación, salud…  Ahora, se ha decidido que de la salud se encarguen las pre pagas y las obras sociales. De la seguridad, la tropa cada vez más extensa de custodios privados. La enseñanza pública, gracias a “calificaciones igualitarias”, contenidos mentirosos y educadores sin formación y hasta sin título que los habilite para la tarea, van vaciando su razón de ser y sus aulas, mientras  florecen como ramilletes escuelas, institutos y universidades privadas.

Los recursos deben utilizarse para inmiscuirse y dirigir las empresas. El Estado debe ocuparse de lo privado y abandonar lo público, esa es ahora la consigna. No podemos decir que ocultan el diseño ni que, sin importar los resultados, no demuestren perseverancia y tozudez en la tarea. Los legisladores han firmado la rendición antes de asumir la banca o les fue arrancada a carpetazos o con promesas de desfinanciar sus provincias a poco de hacerlo. Lo cierto es que los votos para lograr el “cambio”, siempre están asegurados.

La nueva regulación de «las relaciones de producción y consumo» (cínicamente llamada » Ley de Abastecimiento» ) es un eslabón más de esa cadena que ata las “decisiones” del Legislativo a la voluntad del Ejecutivo. Y más que en su letra, el conflicto se sitúa en la laxitud de sus términos, que pueden permitir al intérprete darle el contenido que más se ajuste a sus mezquinos intereses escudándose en el supuesto bienestar de la población.

No se entendía por qué existiendo una Ley de Abastecimiento dictada en el año 1974 (modificada en 24 ocasiones y pocas veces aplicada ) se insistiese con esta aprobación políticamente costosa. Quienes no comprendían olvidaban que desde el año 1991 esa ley se encontraba suspendida, salvo en lo dispuesto en el artículo 2 inciso c). Esa suspensión sólo podía ser dejada sin efecto si el Congreso de la Nación dictaba una declaración de emergencia de abastecimiento. Por ello prefirieron dictar una nueva ley y para que no queden dudas de que aquella suspensión fue anulada, explícitamente dice en su articulado que se deroga toda norma que se oponga o contradiga esta ley ( la N 26991).

El gobierno pese a la suspensión intentó valerse de sus atribuciones en algunos casos. El control de precios (en rigor es un descontrol con autoritarios gritos de fondo que intentan imponer precios máximos con diversos eufemismos) era un hecho al que se acudió sin sustento normativo alguno. Se simularon «acuerdos» que en rigor sólo acreditaban el autoritarismo de un funcionario y la aceptación temerosa de los empresarios que sin solución de continuidad estudiaban cómo burlar lo pactado.

Promulgada y publicada la ley pueden profundizar en la política de control de precios, utilidades e inversión, imponer cuotas de producción y venta, fijar márgenes de ganancias, e intervenir en todo el régimen productivo del país cualquiera que fuere el área. El Ejecutivo -a través de la Secretaría de Comercio- puede establecer márgenes de utilidad, precios de referencia y niveles máximos y mínimos de precios. Además puede disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios.

El poder fáctico del que hizo gala especialmente el anterior Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pasará a ser un poder respaldado por una ley, aunque su constitucionalidad sea más que dudosa. Podrán imponer sanciones, revocar concesiones o licencias, y contar con un fuero judicial para que revise sus decisiones. Claro que, después de ejecutadas ya que las clausuras podrán ser “preventivas” y se necesitará autorización judicial sólo para su prolongación.

Para apelar una multa deberá previamente depositarse íntegramente su importe. También podrán ingresar e inspeccionar locales y empresas sin orden judicial, ésta sólo se requerirá para practicar ese allanamiento en horarios inhábiles o en la morada de las personas. Además, la autoridad administrativa podrá secuestrar elementos, vender mercaderías u ordenar la producción si por resolución “fundada” se entiende que hay desabastecimiento o escasez.

En definitiva, pretende controlar todos los estamentos de la economía. No aquellos que sí dependen del poder público como la inflación o el valor de la moneda. Como estos parámetros le son hostiles decide controlar lo que le corresponde a otro: al empresario, al comerciante o al productor. Lo intenta además sin siquiera revisar la historia, la lejana y la reciente. En todos los casos el resultado ha sido el inverso al deseado. Por eso ahora se decide domesticarla con sanciones e intromisión en el ámbito de las empresas, las variables económicas que no han sabido manejar .

Para completar el cuadro de control que la ley intenta imponer se crea una nueva instancia en la Justicia Federal de resolución de conflictos para el consumidor y un “Observatorio de Precios y disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios”. Este organismo técnico es creado para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.
Las facultades explícitas e implícitas de este “observatorio” y las que se le conceden a las autoridades de aplicación, con límites más que permeables por la falta de estrictez en las definiciones,  provocan un fundado temor no sólo a la ley sino y muy especialmente, al fundamentalismo irracional de quienes la pondrán en ejecución .

Como en otras ocasiones los «títulos» subrayan buenos objetivos. Controlar las actividades monopólicas, los abusos del mercado y la suba especulativa de los precios. Objetivos que seguramente la mayoría compartimos.

Pero un gobierno que cuida los derechos humano poniendo a Milani al frente del ejército; la soberanía del País desobedeciendo las sentencias que dictan los Jueces a cuya jurisdicción voluntariamente se sometieron; o que entiende que las mayorías -por añadidura contadas con los métodos fraudulentos del INDEC- pueden desconocer los derechos de las minorías; que intenta democratiza la Justicia vulnerando su independencia; no es un gobierno al que los poseedores del capital que puede poner el combustible para la marcha de la economía, quieran entregarle las llaves de su privacidad.

130 votos afirmativos contra 105 negativos y 5 abstenciones decidieron que ahora esta Ley sea un tema de las empresas y de la Justicia.

Más que a la podadora se le teme al jardinero. Se excluyó a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la Ley, «siempre que no detenten una posición dominante en el mercado». Modificaron a disgusto algunas disposiciones del proyecto original, pero la obstinación que caracteriza a quienes habrán de aplicar la Ley recién sancionada, hace sospechar que lo único modificado fue la letra. El espíritu seguramente permanece intacto y probablemente les alcanzará, para manipular las voluntades de quienes se nieguen a integran el coro que grite las bondades del sistema.

Cuatrocientos y pico de días son muchos días para el obrero suspendido, obligado a estar de brazos cruzados y con el salario recortado; para aquel que espera su nuevo o su primer trabajo; para quien alquiló un local y confía abrirlo o para quien tiene que renovar las herramientas de trabajo. Todos los candidatos prometen derogar esta Ley si son elegidos pero para entonces gran parte del daño ya estará hecho.