Buenos Aires. SudAmericaHoy (SAH)

En un duro editorial de La Nación de Argentina, que reproducimos bajo estas líneas, el diario analiza la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de sentarse a negociar con el Gobierno de Irán. La medida la considera «inconsitucional» y un atentado a «la soberanía» que sirve para «beneficiar a los autores del atentado».

-En un lacónico y muy poco claro comunicado emitido semanas atrás por la Cancillería, se informó a los argentinos que el Poder Ejecutivo Nacional decidió negociar con Irán «una solución mutuamente acordada para todos los asuntos del caso AMIA», aclarándose que el proceso de negociación «no se interrumpirá hasta encontrar una solución».

Respecto de un país como Irán, especializado en dilatar sus negociaciones hasta el infinito, esto es peligrosísimo y podría llevar a que jamás se procese a los imputados en ese caso. Con estas ambiguas palabras, se ha iniciado ahora una negociación que ha generado una comprensible alarma y alimentado las sospechas de muchos.

Es preciso recordar, ante todo, que nuestra Constitución Nacional, empeñada en definir claramente la división de poderes, determina explícitamente cuáles son las facultades que corresponden a cada uno de los poderes del Estado Nacional. Esto establece límites bien precisos sobre cuáles son las negociaciones que pueden emprenderse legítimamente con terceros Estados en materia judicial.

El artículo 109 de nuestra Carta Magna es particularmente claro y contundente cuando dice: «En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas». El Poder Ejecutivo Nacional no puede, por ello, entrometerse en las causas judiciales. Nunca y por ningún motivo, sin violar el precepto antes aludido.

Lo antedicho es un límite claro y preciso al objeto y contenido de la negociación emprendida sorpresivamente por el Poder Ejecutivo Nacional con Irán. Ella debe circunscribirse sólo al tema de la extradición de los imputados iraníes. Nada más. No es factible sustraer de nuestra Justicia a los individuos ya acusados en la causa referida. Ninguna negociación política está constitucionalmente autorizada para modificar una investigación judicial en trámite, como sucede en el caso de la AMIA. Si ello sucediera, se estaría violando la Constitución y afectando la independencia de nuestros jueces. Y, peor aún, se estaría presumiblemente encubriendo a los responsables del peor atentado terrorista en nuestro suelo.

Prorrogar la jurisdicción, redireccionar la investigación en curso, o modificar la ley aplicable al caso AMIA supondría quedar en la más absoluta ilegalidad, generándose las gravísimas responsabilidades del caso. Sería, además, violar nuestra soberanía, usurpar funciones de un poder del Estado, abusar de la autoridad y violar los deberes básicos de los funcionarios públicos involucrados. Y, posiblemente, sería, asimismo, encubrir delitos de lesa humanidad.

Negociar con Irán haciendo concesiones ilegales sin fijar plazos, ni establecer condicionamientos supone, obviamente, vulnerar la jurisdicción de nuestros tribunales de justicia e invadir el ámbito que les está reservado por nuestra Constitución Nacional. Pero, además, es nada menos que sugerir que nuestra Justicia no puede cumplir con su delicado cometido y, peor, presumir su arbitrariedad, lo que es absolutamente inaceptable.

Lo que pareciera estar en curso supone, por lo demás, aceptar lo adelantado por Irán en 2007, cuando, en sede de las Naciones Unidas, en una cabal falta de respeto hacia nuestro país, su representante planteó la posibilidad de «compatibilizar los marcos legales de ambos países». Lo que es insólito e imposible de aceptar, al menos para un país realmente soberano.

Cinco años después, esta administración acaba, sorpresiva y lamentablemente, de conceder a Irán esa posibilidad, cuando en el comunicado de nuestro gobierno se nos informa que, insólitamente y bordeando los límites mismos de la ilegalidad, hemos decidido sentarnos con los iraníes para, juntos, «explorar un marco legal que no esté en contradicción con los sistemas legales de la Argentina e Irán». Es algo gravísimo que deja de lado las palabras de nuestra propia Presidenta cuando, hace apenas un año, dijo que no es posible negociar lo que «depende de jueces y fiscales».

Hoy esa afirmación parece, de pronto, haber quedado en el olvido, mientras nuestra Constitución ha sido dejada de lado, como si, una vez más, lo político tuviera prioridad sobre lo jurídico, lo que no sólo configura una negación del Estado de Derecho, sino una manifestación inaceptable de autoritarismo.