Por Álvaro HERRERO, para SudAméricaHoy

Pasaron dos semanas desde las controvertidas elecciones en la provincia de Tucumán y la situación no parece mejorar. Las denuncias comenzaron el mismo día de las elecciones, el pasado 23 de agosto, cuando se registraron incidentes por la quema de urnas, por la distribución de bolsones a cambio de votos y por los confusos episodios que derivaron en ataques con armas de fuego a un camarógrafo y un integrante de la Gendarmería Nacional. Asimismo, la Policía tucumana reprimió violenta y arbitrariamente a una manifestación pacífica de ciudadanos que marchaban en la plaza central de San Miguel de Tucumán.

En medio de un calendario electoral que pareciera concebido por un lunático, extendido desde marzo hasta noviembre, los argentinos estamos pendientes de elección tras elección en distintas provincias. Santa Fe. Ciudad de Buenos Airés, Tucumán, Mendoza, Chaco y Salta fueron algunas de las que decidieron desdoblar las elecciones de las presidenciales de octubre.

Y el proceso no ha marchado nada bien, empezando por las irregularidades en Santa Fe, que primero arrojó ganador a Del Sel que luego terminó en segundo lugar, siguiendo por la doble vuelta en Ciudad de Buenos Aires, y la controvertida elección en Jujuy donde fue asesinado un militante de la Unión Cívica Radical. Ni hablar de las denuncias de robo de votos en la provincia de Buenos Aires, donde Felipe Solá, candidato a gobernador de UNA, advirtió un faltante de nada menos que 150.000 votos. Esto lo detectaron al comparar las planillas de fiscalización en cada mesa con los telegramas enviados a la justicia electoral.

Así las cosas, Argentina se apresta a un cambio de gobierno y –emulando las metáforas fundacionales y obstétricas de Elisa Carrió- parece que este parto viene complicado. Las tensiones producto de la partida de Cristina Fernández de Kirchner del poder y los riesgos que ello implica para el gran movimiento kirchneristas, parecieran haber tensado la cuerda de legalidad y el sentido común, forzando a los líderes políticos locales a incurrir en todo tipo de prácticas con tal de asegurarse una victoria que les permita mantenerse en el poder mientras se aclare el panorama político.

En este contexto, Tucumán se ha convertido en el epicentro de la atención política. Los sucesos en la provincia del norte, que es la sexta del padrón nacional y representa al 3,64% de los votantes de todo el país, han transformado la agenda política y hoy se discute si estamos a tiempo o no de emprender una reforma electoral que asegure la transparencia y equidad de las elecciones presidenciales de octubre. Después de todo, más allá de la suerte de Tucumán, la oposición se encuentra escandalizada y atemorizada por su incapacidad para fiscalizar adecuadamente las elecciones en todo el país, algo que hasta ahora solo el kirchnerismo ha demostrado poder hacer.

Por cierto, el sistema electoral argentino es obsoleto y desde hace años varias organizaciones como Poder Ciudadano y CIPPEC vienen proponiendo reformas. Algunos partidos también lo han hecho pero cuando se trata de sus propios distritos el ímpetu por la reforma electoral decae. Pero si bien a priori podríamos pensar que se trata de un problema de normas y que se torna imperioso reformar el sistema electoral, esa sería solo la mitad de la fotografía. Por cierto, el sistema actual es retrógrado, favorece las prácticas clientelares y se financia de manera espuria. La proliferación sinsentido de listas tampoco facilita el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

Sin embargo, la otra mitad de la foto nos muestra un problema cultural. Como ciudadanos somos rehenes de prácticas políticas arbitrarias y oportunistas que nos imponen calendarios electorales interminables, boletas incomprensibles, candidatos testimoniales y, en muchos casos, autoridades electorales de dudosa independencia respecto del poder político.

Tucumán se ha convertido en el ejemplo del mal ejemplo, pero sería una ingenuidad pensar que estamos ante un fenómeno nuevo. Nadie ignora que esto viene ocurriendo y agravándose desde hace años, tanto en Tucumán como en otros distritos. Las trampas, la coerción y el clientelismo en los procesos electorales son casi una denominación de origen en varias provincias. Sin embargo, los cambios tecnológicos en los medios de comunicación y el surgimiento de las redes sociales han contribuido a exponer masivamente lo que antes transcurría de manera casi secreta.

Hoy es imposible aventurar el resultado final de las elecciones en Tucumán. De hecho, el candidato opositor José Cano ha anunciado que pedirá la nulidad de las elecciones, judicializando así el proceso electoral y dilatando los plazos para obtener un pronunciamiento definitivo. Sin embargo, se aprecian algunas consecuencias directas de esta crisis.

La primera es que gran parte del arco opositor se ha nucleado para intentar pensar estrategias para poder fiscalizar conjuntamente las elecciones presidenciales de octubre. La segunda es que se le ha dado un enorme impulso a los proyectos de reforma electoral, principalmente a los que promueven mecanismos de votación más simples, como la boleta única. La tercera es que los repugnantes sucesos de Tucumán han expuesto una vez más el salvajismo y precariedad de las relaciones clientelares en muchas provincias.

Como suele suceder en estos casos, los argentinos nos indignamos, protestamos y reclamamos cambios, pero suele ser efímero. Rápidamente regresamos a nuestras vidas cotidianas casi sin darnos cuenta cómo, lentamente, el tema desaparece de la agenda política. Y así los políticos, aquellos paladines de la mala política, se salen con la suya. ¿Será distinto esta vez?