Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala , el día de su detención en septiembre de 2015, en Ciudad de Guatemala. E Foto: Esteban BIBA

Por Aníbal GUTIÉRREZ

La figura del pentito o “arrepentido” se crea en Italia en la década del 70 para combatir el terrorismo. Años después, jueces como el famoso Giovanni Falcone la utilizaron para luchar contra la mafia y sus múltiples relaciones con el poder político de ese país.

Pentito es una persona que forma parte de una organización criminal y que luego de ser arrestada se “arrepiente” y decide colaborar con el sistema judicial en las investigaciones que involucran a su organización.

Estos collaboratori di giustizia buscan rebajas en sus penas, la libertad, protección, cambio de identidad, el ingreso a un programa de protección de testigos, o cualquier otro tipo de medidas que les permita beneficiarse de la delación que están haciendo.

Ahora bien, ¿Cuan útil es esta figura en la investigación de delitos como el de corrupción que alcanza niveles epidémicos en Latinoamérica?

Puede ser muy útil porque este tipo de delito se da siempre en un marco de ocultamiento y los hechos constitutivos son de difícil detección si no existen incentivos para que la información salga a la luz. No obstante, su utilidad dependerá siempre de los aportes que haga el “arrepentido” y que deben servir para producir avances significativos en una investigación.

Por otra parte, para la aplicación de normas de estas características es fundamental el rol de los tribunales de justicia. Estos deben ser capaces de demostrar que pueden asegurar el secreto de una investigación y tomar las medidas necesarias para comprobar que es cierta la información que están recibiendo.

Dos ejemplos claros de la aplicación de este tipo de leyes en nuestra región vemos en estos días en Brasil y en Guatemala.

En Brasil se trata de la investigación y la consecuente crisis política desatada a partir de una causa de lavado de dinero, en la que la semana pasada se conoció una extensa lista de funcioanarios y dirigentes partidarios que entregó el empresario Marcelo Odebrecht. El final de esta crisis todavía no se percibe claramente.

En el caso de Guatemala, se trata de la posible “colaboración” de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la vicepresidencia de ese país, quien podría entregar información que vincule de manera indubitable a su ex jefa, Roxana Baldetti, y al ex Presidente Otto Pérez Molina, ambos detenidos en el marco de una causa de corrupción por defraudación aduanera.

Pero el árbol no debe impedirnos ver el bosque. La política pública en materia de transparencia institucional, lucha contra la corrupción y fin de la impunidad debe ser muy amplia. No puede limitarse solamente a la figura del arrepentido.

La utilización de un arrepentido debe ser el último eslabón de una cadena que de forma previa debe evitar que inmorales lleguen a posiciones de decisión en un gobierno. Normas de acceso a la información que faciliten la auditoría ciudadana, organismos de control que cumplan con sus obligaciones todos los días sin importar quién sea el que están investigando, reglamentos que establezcan claramente los límites éticos que un funcionario no debe cruzar jamás, obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales los funcionarios y sus familiares directos, etcétera, son tan necesarias antes del hecho de corrupción como el arrepentido después.

Mientras todas esas medidas de prevención de los actos de corrupción no estén plenamente vigentes, la democracia vendrá siempre corriendo de atrás.