Buenos Aires, 12 nov (EFE).- El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, aseguró hoy que el fallo de la Justicia que obliga a hacer públicas las condiciones del acuerdo para la explotación de hidrocarburos entre la petrolera YPF, controlada por el Estado, y la estadounidense Chevron perjudica las inversiones.
Durante su contacto diario con los medios, el funcionario afirmó que el dictamen de la Corte Suprema es «un atentado a la seguridad jurídica».
«Impide que las empresas que quieran invertir en la Argentina lo hagan» ya que no tendrán «la seguridad de que puedan acordar en términos del derecho privado», recalcó.
«Le va a ser muy difícil (a YPF) conseguir nuevos inversores que quieran participar de inversiones porque si hay problemas técnicos, científicos o tecnológicos que hay que preservar, los pone en riesgo. Las empresas son muy serias y de mucha envergadura en el mundo que no están dispuestas a esta tipo de situaciones y que los expone de una forma terrible y eso no sirve», prosiguió.
El máximo tribunal argentino ordenó este martes que se hagan públicas las cláusulas del acuerdo firmado en 2013 por la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, y la estadounidense Chevron para la explotación de petróleo no convencional en dos áreas de la formación de Vaca Muerta situadas en la provincia de Neuquén (suroeste).
La Corte adujo que YPF, al estar bajo control estatal, «no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información».
Desde el Ejecutivo de Cristina Fernández defienden que la petrolera «es una sociedad más como cualquier sociedad anónima que hay en el país, aunque el dueño del capital sea el Estado», en palabras del jefe de Gabinete.
«Es una locura porque lo que hace es desnudar información de convenios confidenciales que hacen a cualquier situación industrial donde son específicamente convenios industriales, científicos, técnicos que guardan un montón de situaciones muy particulares», dijo Aníbal Fernández.
«Lo que hace es romper con esa confidencialidad que hace que cualquiera que se sienta con interés legítimo pueda solicitar hasta la fórmula de Coca Cola. ¿Por qué yo no puedo tener interés legítimo en saber cuál es la fórmula de la Coca Cola», cuestionó.
«Va a meter al país en situaciones complicadísimas desde el punto de vista judicial, cuando a empresas que han firmado acuerdos de confidencialidad se le solicite información y haya que brindarla», apuntó.
Además, se preguntó si la decisión busca «incidir en la decisión electoral», de cara a la segunda vuelta presidencial del 22 de noviembre.
Tras conocerse la resolución de la Corte, YPF dijo en un comunicado que «va a cumplir» con la decisión judicial «de acuerdo a la normativa vigente y conforme a los plazos procesales que se establezcan».
El convenio entre YPF y Chevron supuso una inversión de 1.240 millones de dólares en una primera etapa piloto y 1.600 millones para la segunda fase, actualmente en marcha.
El cronograma prevé un desembolso total de unos 16.000 millones de dólares para la explotación del 3 % de la superficie del yacimiento.
YPF está bajo control del Estado argentino desde mayo de 2012, después de que el Parlamento aprobara una ley para expropiar el 51 por ciento de las acciones a la española Repsol.