jueves, 17 de septiembre de 2015
Gobierno argentino tacha de «destituyente» fallo que anula comicios tucumanos

Buenos Aires, 17 sep (EFE).- El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, consideró hoy que la decisión judicial que anula las elecciones provinciales de la provincia de Tucumán (norte) es «ridícula, sin sentido y de una gravedad institucional inusitada, destituyente».
Durante su contacto diario con los medios, el funcionario calificó de «vergonzante» la actitud del Tribunal Contencioso Administrativo de Tucumán y opinó que el fallo «muestra la amistad que seguramente tienen» los jueces con la oposición local.
Para Fernández, el tribunal no tiene competencia para emitir una sentencia como esta, que pasa «por arriba de la voluntad popular», según él.
«Tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No tengo duda de que esto no se resuelve en Tucumán. Se trata de uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia, que constituye un caso de prevaricato liso y llano», indicó.
La Justicia de Tucumán declaró este miércoles «la nulidad de los comicios llevados a cabo» en la provincia el pasado 23 de agosto, «debiendo el Poder Ejecutivo realizar una nueva convocatoria a elecciones».
El escrutinio definitivo, que finalizó el lunes pasado, ratificó el triunfo del candidato del kirchnerista Frente para la Victoria, Juan Manzur, con el 51,64 % de los votos, mientras que el opositor José Cano, de Acuerdo para el Bicentenario, tuvo el 39,94 % y se situó en un segundo lugar.
Sin embargo, la Cámara había ordenado la semana pasada a la Junta Electoral no declarar vencedor a ninguno de los candidatos hasta tanto se expidiera sobre el pedido de nulidad de los comicios presentado por Acuerdo para el Bicentenario.
El escrito presentado consideraba que «la elección en Tucumán presenta elementos de un fraude integral que supera a los hechos ocurridos solamente el día de la votación».
Desde la oposición celebraron hoy el fallo de anulación, calificado de «histórico», en palabras de Cano, y recalcaron que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de reconocer la decisión.
Sin embargo, legisladores oficialistas ya habían anunciado ayer la intención de apelar el fallo.