Buenos Aires, 25 nov (EFE).- El Gobierno saliente de Argentina criticó hoy dos fallos de la Corte Suprema que obligan al Estado nacional a devolver a las provincias millonarios fondos provenientes de la recaudación tributaria.
El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo hoy en su contacto diario con la prensa que la decisión del Supremo «ha mandado a la quiebra la seguridad social» pues «en el corto plazo no se van a poder pagar a tiempo las jubilaciones».
Este martes la Corte declaró la inconstitucionalidad de la reducción del 15% que el Estado nacional hace sobre la masa de impuestos nacionales que debe ser repartida entre las provincias.
El Estado hace esta reducción, sin contar con el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES, órgano estatal que administra las jubilaciones).
En otro fallo, también este martes, prohibió al Estado deducir recursos coparticipables con las provincias equivalente al 1,90 % de la recaudación por tributos aduaneros.
Aníbal Fernández, que dejará su cargo el próximo 10 de diciembre, cuando el opositor Mauricio Macri asuma el Gobierno, dijo que la decisión de la Corte representa una «catástrofe» porque no habrá dinero suficiente para pagar las jubilaciones.
La reducción del 15 % sobre los fondos a repartir fue originalmente pactada entre el Estado nacional y las provincias en agosto de 1992, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), y prorrogada sucesivamente mediante diversos pactos.
Una vez vencidos esos compromisos, el Estado nacional extendió a partir de enero de 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y mediante una ley aprobada por el Parlamento, el plazo de esa deducción de manera unilateral.
El jefe de Gabinete saliente sostuvo que ese acuerdo se firmó «porque no había forma de sostener la seguridad social».
Según cálculos de consultoras privadas, el Estado debería devolver a todas las provincias por las reducciones aplicadas sin consentimiento desde 2006 unos 272.000 millones de pesos (28.000 millones de dólares), mientras que en 2016, si deja de aplicar las deducciones, tendrá 91.500 millones de pesos (9.500 millones de dólares) menos en sus arcas.