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Discurso de Gabriel Boric
Por Marta NERCELLAS, para SudAmericaHoy (SAH)
El Secretario de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, Mario Guillermo Moreno, fue procesado esta semana. Si aclaramos que el delito que se le imputa es el de “abuso de autoridad”, seguramente la pregunta obligada debería ser. ¿Cuál es la novedad?
Nadie que tenga una mínima información de lo que viene ocurriendo en Argentina y de los manejos que el mentado funcionario realiza en diversas áreas- algunas de su competencia y otras cuya jurisdicción le es ajena- puede dudar que la prepotencia, la falta de respeto a las personas, a las instituciones, a las leyes y la violencia ejercida, al menos verbal, son un sello que caracteriza la actuación de Moreno.
Una de las consultoras (Finsoport. S.A. ) que fue multada por el funcionario, -motivo por el que fue procesado- realizó la denuncia contra él porque le había impuesto una sanción pecuniaria ilegítima e ilegal con la que –de acuerdo al fallo del juez– pretendía, “acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados.” Dicho de otro modo, lo que Moreno pretendía era que nadie supiera los valores reales que difunden las consultoras para imponer la fantasía de los precios únicos -y falsos- que publicaba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)
Las multas de Moreno eran algo muy parecido a una coacción o extorsión, disfrazada de supuesta legalidad administrativa. La impuesta a Finsoport. S.A. se produjo tras una denuncia de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires (C.O.M.A.FRU) donde aseguraban que, “ las publicaciones aparecidas en diversos medios, basadas aparentemente en datos suministrados por consultores en economía y mercado, les producía un grave perjuicio comercial al verse disminuido el consumo de determinados productos”. La vinculación entre esta Cámara y Moreno -por evidente- no resulta necesario que la subrayemos pero indica que el inicio de las actuaciones y la multa, buscando penalizar para amedrentar a los investigadores, era fraudulento.
El magistrado, Claudio Bonadío, afirma que el abuso de poder del funcionario no era un hecho aislado sino su “metodología de trabajo”. El juez comparó los datos de la inflación que las consultoras publicaban con los que eran elaborados por diferentes Provincias – las pocas que pudieron conservar sus organismos estadísticos pese a la embestida de los funcionarios nacionales- y acreditó que eran semejantes.
Las únicas cifras que parecían referirse a una realidad absolutamente diferente, eran las publicada por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), organismo que, pese a no depender orgánica ni funcionalmente del secretario cuestionado, fue desguazado por él. En simultáneo, incorporó personajes sin preparación pero, a diferencia de los cuadros técnicos que desplazaba, los nuevos obedecían sus exigencia de extrapolar números para lograr como resultado la alteración dolosa de los índices de inflación.
Lo ocurrido con la firma “LATIN ECO SA”, “EFIMAK SRL”, “BEVACQUA Graciela Cristina”, “Gabriel Rubinstein y Asoc.”, “Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas” (F.I.E.L.) y “ECO GO S.A.», fue prolijamente analizado y valorado por el Juez al concluir que, en forma uniforme e invariablemente arbitraria, se dictaron en todos los expedientes sanciones administrativas –multas en el tope de lo previsto– con el propósito de impedir la reproducción pública de estudios y estimaciones del índice de precios al consumidor por parte de las mencionadas consultoras. Esa metodología, agregó el Magistrado, fue utilizada para amedrentar e inhibir a dichas consultoras, a seguir publicando o brindando las estimaciones o informaciones que diferían con las publicadas por el INDEC .
Moreno, por añadidura, inició querellas criminales contra los responsables de diversas consultoras por, “…la publicación de informes sobre datos de inflación falsos (…) a fin de beneficiarse (…) y beneficiar con ganancias extraordinarias a algunos agentes del mercado financiero… con el único objetivo de crear expectativas inflacionarias ”. Aún no había denunciado a Finsoport, pero al día siguiente de su indagatoria ante el Juez Bonadío, realizó una presentación idéntica a la que años antes había dirigido a otras consultoras. El Magistrado, ante esta conducta, se pregunta en el fallo: “¿Cómo se explica la realización de tan abrupta denuncia respecto de Finsoport S.A, formulada por Mario Guillermo Moreno casi con inmediatez al trámite de su declaración indagatoria, por idéntico delito por el cual denunciara otrora a las otras tres consultoras, en cuya oportunidad nada había hecho al respecto? Esta consultora, en rigor, había efectuado las mismas publicaciones y evacuación de consultas económicas que las otras.” El juez concluye que la denuncia de Moreno, “»revistió lisa y llanamente, el carácter de una represalia» al afirmar que “ las acciones del Secretario de Comercio Interior están teñidas de una subjetividad notoria”.
El abuso de autoridad resulta descripto y fundado en el fallo con absoluta claridad. Bonadío le reserva un capítulo especial en su fundamentación: “… el imputado mismo implementó un sistema de intervención al INDEC, disponiendo desde la presunta violación del secreto estadístico hasta la modificación de metodologías que tal organismo venía utilizando, tomando conocimiento de cuáles eran los comercios entrevistados para dichos fines, y acordando con ellos precios respecto de determinados productos, para así influir en los guarismos resultantes.”
Son múltiples las veces en las que se subraya tanto que los funcionarios actuaron invocando atribuciones que no tenían, como la finalidad de esa actuación ilegal: “El solo motivo de escarmentar a las consultoras para que cesaran de continuar realizando su labor profesional “, describe el juez. Tampoco duda el magistrado que esos actos abusivos han causado por su extensión y trascendencia, una lesión al orden institucional, despreciando la confianza y respeto que el ciudadano debe sentir por la administración pública. Agrega, además, que Moreno no desconocía que las mediciones privadas, “..no eran en absoluto lo arbitrarias que el relato oficial aseveraba”.
La arbitrariedad y la desmesura en el accionar de algunos funcionarios públicos resulta tan cotidiana que lamentablemente la hemos naturalizado. La resolución en innumerables ocasiones concluye que en este caso, ese accionar arbitrario, estuvo dirigido a asegurarse el silencio, a violentar el derecho de los particulares a exponer sus opiniones. Es decir a violar el derecho a la libertad de expresión y esto, la directa imputación de la finalidad de coartar una libertad tan esencial, perturba aún a quienes permanecen indiferentes a los avances de los poderes públicos sobre los derechos individuales.
Agravia el abuso pero impresiona la “docilidad” con la que los agredidos soportan los ataques y cumplen con las exigencias sin cuestionarlas siquiera. Alucina ver actuar al secretario -ahora procesado- ante profesionales, comerciantes y/o accionistas de importantes empresas y escuchar el silencio con el que responden a sus agravios. La brutalidad de uno y la falta de dignidad de los otros son un plato con el que nos encontramos en el menú diario de los quehaceres oficiales de este funcionario al que se le endilgan numerosos fracasos, pero que debemos reconocerle que en algo ha sido exitoso: en amedrentar. Todavía hoy las consultoras se “esconden” tras los fueros de los legisladores de la oposición para dar a conocer el promedio de los índices de inflación que sus estudios determinan.
Mario GuillermoMORENO, Secretario de Comercio Interior, Fernando CARRO, Director Nacional de Comercio Interior y Adalberto Guillermo ROTELLA, Director Nacional de Lealtad Comercial fueron procesados por “abuso de autoridad” ¿Será la primera piedra de un muro que impida que se siga avanzando sobre los derechos y las garantía de los ciudadanos o solamente un pedrusco arrojado al viento de un tiempo político que pronto se convertirá tan sólo en una anécdota?
Vídeo de Guillermo Moreno en una asamblea de Papel Prensa