Buenos Aires, 30 sep (EFE).- Una fiscal argentina pidió la imputación del titular de la rama oficialista de la Confederación General del Trabajo (CGT), el metalúrgico Antonio Caló, en una causa que investiga presunto lavado de dinero, informaron hoy fuentes fiscales.
La fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales emitió un dictamen en el que imputó a unas 40 personas que fueron o son autoridades de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el gremio actualmente dirigido por Caló, y del Instituto de Seguros.
Ruiz Morales investiga operaciones vinculadas con un presunto desvío ilegal de dinero por parte de los administradores del Instituto de Seguros en perjuicio de sus asegurados.
«Se han efectuado, desde 1987, entregas de sumas de dinero en moneda extranjera de carácter ilegal a un número reducido de integrantes de la Unión Obrera Metalúrgica, quienes con pleno conocimiento de ello, participaron de la maniobra aquí investigada», sostiene la fiscal en el dictamen.
El escrito retoma que, tras una modificación del convenio colectivo de trabajo de los metalúrgicos se estableció un seguro de vida y sepelio obligatorio, para lo que la entidad gremial contrató al Instituto.
Como «retribución» por ese contrato, la entidad aseguradora «giraba mensualmente a la UOM, sumas de dinero correspondiente a un porcentaje de la recaudación del seguro de vida y sepelio, para luego ser distribuida a un grupo reducido de integrantes de dicha entidad gremial».
Según la fiscal, estas transferencias se habrían realizado dos veces por mes desde 1987 hasta febrero de 2014.
«La conducta constitutiva de lavado de dinero agravada se habría producido con carácter permanente, a lo largo de aproximadamente 27 años, período de tiempo en el que todos los meses, integrantes del Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica -como así también otros integrantes- han percibido dinero en moneda extranjera de origen ilegal», remarcó Ruiz Morales.
Caló, actual titular de la UOM y anterior secretario de Asistencia Social del gremio, encabeza también el ala afín de la CGT al Gobierno de Cristina Fernández.
Junto a Caló aparecen acusados vocales y autoridades del Secretariado Nacional de los metalúrgicos, entre ellos el alcalde peronista de la localidad bonaerense de Tres de Febrero, Hugo Curto.
Una particularidad del dictamen es que incluye como imputados a Lorenzo Miguel, titular del gremio desde 1996 hasta su fallecimiento en 2002, y a Luis Guerrero, también fallecido y secretario adjunto hasta 2013.
La fiscal justificó la mención de ambos al considerar que la legislación argentina permite que, en operaciones de lavado, los activo sea «decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado».