La información describe una realidad ordenada  pero solo puede ser “hallada” por aquellos que tengan las adecuadas destrezas de observación y tecnologías. 

Brenda Dervin

Por Sara OBAL

Instantes antes de morir, la desoída Casandra dijo: la forma en la que las sociedades organizan su información es una pauta cultural. Shakespeare no pudo ser insensible ante tamaña definición y se expresó, como todos conocemos, diciendo: «to be or not to be, transparent».

Los países en vías de desarrollo necesitan adquirir habilidades que les permitan, mediante adecuadas estrategias en el uso de los recursos informativos del sector público, reducir la incertidumbre y ser formadores de conocimiento y cultura.

El tratamiento de la información documental en la Administración Pública es un elemento definitorio para el correcto desempeño de sus funciones y tal vez sea el primer objetivo en un proyecto global que garantice certeza jurídica en una iniciativa seria de modernización en el sector público. El correcto tratamiento de esta información puede estar vinculado en un futuro cercano al debido proceso. Los recientes y bienvenidos debates en Argentina acerca de la norma reguladora del acceso a la información pública abordan problemáticas importantes como la transparencia y el conocimiento de la ciudadanía de la información relativa a la actividad del Estado.

El Estado es el gran productor de normas e información y «guardador» de documentos que tienen significativa incidencia sobre la vida de los ciudadanos. Especial atención merece el Estado en cuanto generador de información de contenido legal. Los errores por desinformación legal acarrean perjuicios considerables: el gasto público en desinformación, concepto en general soslayado y nunca cuantificado.

Existe hoy gran dispersión y contaminación legislativa, lo que no ayuda a dar claridad a la población acerca de su vigencia y dificulta a la Administración ejercer adecuadamente sus funciones.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ha desarrollado una metodología para enfrentar esta problemática y ha elaborado los sistemas informáticos necesarios para manejar adecuadamente este gran volumen de información.

Tiene un área especializada, la Unidad de Proyectos de Ordenamiento Legislativo, destinada al desarrollo de estos proyectos, que funciona desde 1999 y que cuenta con los especialistas más destacados del país.

El proceso de Ordenamiento Normativo ha sido adoptado por los Gobiernos Provinciales que han afrontado la crisis de sus sistemas normativos y la han resuelto asistidos con las herramientas metodológicas desarrolladas por la Unidad de la Facultad.

Se han desarrollado con éxito el Digesto Jurídico Nacional y los Digestos Jurídicos de las Provincias del Chubut, Rio Negro, Misiones, San Juan, Chaco, la Ciudad de Buenos Aires y los Digestos Jurídicos del SENASA, la Superintendencia de Seguros de la Nación y en estos momentos, se aplica para la elaboración el Digesto Jurídico de la Dirección Nacional de Vialidad.

Estas depuraciones normativas persiguen lograr seguridad jurídica y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, mejorando los servicios y brindando acceso real a la información a todos los ciudadanos. Evitar la inflación y contaminación legislativa resulta esencial a la hora de tomar decisiones informadas. El índice de depuración indica que las normas consolidadas ascienden a un 10% del corpus inicial analizado.

Si consideramos la administración central observamos dos grandes universos de información de contenido legal.

Trámites y actuaciones: expedientes y transacciones informativas que respaldan o concretan la actividad del Estado. Las metodologías a aplicar a estos documentos se encuentran debidamente consideradas en las nuevas normas en el marco de la modernización del Estado.

Normas jurídicas: se trata de los decretos, resoluciones y disposiciones emanadas de los órganos de la administración central. No existe hasta la actualidad un standard de tratamiento documental obligatorio para la depuración de esta información.

Está pendiente y resulta necesaria la elaboración de una normativa de carácter general, que complemente el criterio adoptado en la sanción del Decreto 434/2016 y considere la producción normativa de la administración central, propiciando un plan de ordenamiento normativo en la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, a los fines de dar cumplimiento a la obligación del Estado de poner a disposición del ciudadano el adecuado conocimiento del derecho vigente y aportar al compromiso asumido de garantizar la transparencia de los actos de gobierno y con ello el fortalecimiento del sistema democrático.