Buenos Aires, 23 oct (EFE).- Un tribunal oral de Argentina inició hoy un juicio a seis policías y un integrante del Servicio Penitenciario Federal, acusados de haber abusado sexualmente de dos menores de edad.
Los imputados están acusados «de haber abusado sexualmente de dos hermanas cuando eran menores, aprovechando la relación de preeminencia y de poder sobre ambas por la mayoría de edad y por ser integrantes de fuerzas de seguridad», según informó en un comunicado la Defensoría General de la Nación, que actúa como querellante en el caso.
Por este delito están sentados en el banquillo de los acusados Héctor Daniel Martínez, Gustavo Reimundo Salinas, Mauricio Sebastián Acevedo, Jorge Matías Alejandro Acevedo, Sebastián Borfitz, Miguel Ángel Campero y Héctor Diego Palavecino.
Se los acusa de «abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones en forma reiterada (dos hechos) en concurso real con corrupción de menores agravada mediante violencia y amenazas en calidad de autores».
Los acusados se negaron a declarar.
Según la Defensoría, los hechos denunciados se habrían producido entre 2009 y 2011, cuando las hermanas tenían entre 13 y 15 años una, y entre 14 y 16 la otra.
Las víctimas deambulaban por estaciones de trenes y plazas de Buenos Aires y habrían sido llevadas para ser sometidas sexualmente en dependencias policiales o a pensiones donde vivían los agentes, según el testimonio judicial de las hermanas.
Según publicó hoy el portal Infojus, del Ministerio de Justicia argentino, la causa se inició hace cuatro años, cuando uno de los policías involucrados le dio el número de móvil de una de las niñas a otro integrante de la fuerza de seguridad.
Ese policía se contactó con ella y se enteró así de que, al menos desde 2009, un grupo de agentes las contactaba para abusar sexualmente de ellas.
Al prestar testimonio en la etapa de investigación, las víctimas relataron que los agentes iban a buscarlas a las estaciones de trenes o las plazas, las subían a sus camionetas y las llevaban a dependencias oficiales, como el Cuerpo de Policía Montada o las oficinas de Tránsito, o a una pensión donde vivía la mayoría de los imputados.
Según consigna Infojus, las hermanas, que ahora están representadas por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación, llegaban en tren a Buenos Aires desde su casa en la periferia de la capital, hacía poco tiempo habían perdido a su padre y se encontraban en una situación de «extrema vulnerabilidad».
Según figura en el expediente de la instrucción del caso, los policías acusados habrían contactado a las víctimas a través de personal de seguridad privada de una línea ferroviaria, cuya identidad está bajo investigación a los fines de también ser llevados a juicio.