Buenos Aires, 17 jul (EFE).- El juez argentino Claudio Bonadio, recientemente apartado de una causa que investigaba a la presidenta Cristina Fernández y a su familia, ordenó hoy un allanamiento a las empresas YPF y Energía Argentina S.A. (Enarsa) y al ministerio de Planificación, por un expediente sobre compra de gas licuado.
La disposición de Bonadio fue realizada a partir de una denuncia de los diputados opositores Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, que pidieron investigar «si no constituye delito la manera en que la empresa estatal Enarsa adquirió gas licuado para proveer dicho fluido al sistema energético nacional».
Los legisladores pidieron saber si hubo «dádivas o sobornos» en las negociaciones para la importación de gas, a partir de una entrevista brindada al diario La Nación por el exministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, impulsor de las privatizaciones bajo el gobierno de Carlos Menem.
Dromi, que en la entrevista publicada en octubre de 2014 aseguraba ser asesor del ministro de Planificación, Julio De Vido, afirmó que los contratos «no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige a Enarsa» y que el modo en que Argentina está comprando el gas «no se ajusta a la legislación» local.
Según extraen los diputados de las declaraciones de Dromi, «YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley».
El allanamiento ordenado por Bonadio fue realizado hoy por la Policía Metropolitana, que depende del Gobierno porteño, opositor a la administración de Cristina Fernández y en manos de la conservadora Propuesta Republicana, partido al que pertenecen los legisladores que hicieron la denuncia.
«Por lo visto hay allanamientos para todos y todas», ironizó hoy el ministro De Vido después del operativo.
Bonadio fue apartado este jueves, «por mayoría» de la sala I de la Cámara Federal porteña, de la causa que investigaba presuntas irregularidades administrativas en Hotesur, firma gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate, del que Cristina Fernández es accionista.
Antes de ser removido, Bonadio había ordenado allanar, también con un operativo de la Policía Metropolitana, la inmobiliaria de Máximo Kirchner, hijo de la mandataria y el fallecido expresidente Néstor Kirchner.