Buenos Aires, 29 dic (EFE).- La Justicia argentina puso hoy fin por falta de pruebas al procesamiento del presidente argentino, Mauricio Macri, en una causa en la que estaba imputado por supuestas escuchas ilegales, dictamen que aún puede ser apelado por los querellantes.
El juez federal Sebastián Casanello decidió desistir de los cargos contra el mandatario, quien asumió la Presidencia argentina el pasado 10 de diciembre con estatus de procesado.
«Las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra Mauricio Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal», reza el fallo sobre el caso de espionaje destapado en 2009, publicado hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ).
La Justicia investigaba las supuestas escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado terrorista contra la mutualista judía AMIA (que dejó 85 muertos en 1994), por parte del exjefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires Jorge «Fino» Palacios.
También se investigaba el supuesto espionaje al excuñado del presidente argentino, Néstor Leonardo.
Macri, entonces alcalde de Buenos Aires, había encargado a Palacios la tarea de crear la Policía Metropolitana.
Los investigadores del caso encontraron información sobre el supuesto espionaje ilegal en computadoras incautadas en una agencia de seguridad controlada por Palacios.
El ahora presidente argentino había sido procesado en 2009 por el entonces magistrado encargado del caso, Norberto Oyarbide.
El resto de involucrados, entre ellos el exministro de Educación porteño Mariano Narodowski, fueron ya enviados a juicio oral el año pasado, pero tras hacerse cargo de la causa, Casanello anuló el cierre de la investigación y pidió medidas de prueba adicionales sobre Macri.
El pasado 30 de noviembre, Casanello dio finalmente por concluida la etapa de recolección de pruebas, poco más de una semana después de la victoria electoral que dio la Presidencia a Mauricio Macri, y el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, se había pronunciado ya a favor del sobreseimiento a principios de diciembre.
Según el fallo judicial emitido hoy, los testimonios recogidos durante la investigación apuntan que, pese a estar a cargo del Gobierno porteño durante la etapa en la que ocurrieron los hechos, Macri desconocía el supuesto entramado de espionaje.
No se puede afirmar que Macri «había consentido y tolerado el accionar paraestatal de un grupo de personas unificado alrededor de la figura de Jorge Palacios» ya que «no podía consentir ni tolerar lo que no conocía», argumenta el juez.
«Lo afirmado hasta aquí, no sólo lo ubica en una situación de ajenidad respecto de tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno», explica el dictamen.
Para el magistrado, de la investigación se deriva que la responsabilidad de las supuestas escuchas a Burstein es de Palacios, sin consentimiento de Macri.
Por el contrario, las realizadas a Leonardo habían sido contratadas por Franco Macri, empresario y padre del presidente preocupado por la seguridad de su hija Sandra, pero a través de agencias de seguridad privadas, lo que «lo que diluye su responsabilidad».
En su razonamiento, juez hace hincapié en la diferencia entre «asignar una responsabilidad política» por haber tomado decisiones «que pueden ser criticadas o censuradas desde un punto de vista ideológico» y «atribuir responsabilidad penal por haber conocido y participado de actividades delictivas», ya que solo esta última atañe al tribunal.
La decisión de despejar los cargos contra Macri no es en firme ya que podrá ser apelada por los querellantes o por la fiscalía.