Buenos Aires, 28 dic (EFE).- Con dos exaltos cargos del Gobierno de Cristina Fernández entre los acusados, la Justicia argentina dará a conocer este miércoles las sentencias por uno de los peores accidentes de tren ocurridos en el país, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos en una concurrida estación de Buenos Aires en 2012.
El proceso judicial, que comenzó en marzo de 2014, investigó «delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte y defraudación» por la tragedia ocurrida en la estación porteña de Once el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea metropolitana Sarmiento se empotró contra un andén, en hora punta de la mañana.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 determinará si el accidente ocurrido en la estación de Once se debió a la negligencia del conductor o si también hay responsabilidad del Estado y la empresa concesionaria del transporte por no controlar las condiciones del servicio.
En el banquillo de los acusados se sentaron los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por el presunto incumplimiento de sus deberes.
Entre los otros 27 procesados se encuentra el maquinista del tren, Marcos Antonio Córdoba, quien declaró que el convoy se quedó sin frenos, aunque dos estudios técnicos concluyeron después que el sistema de frenado funcionaba correctamente.
La Justicia también imputa responsabilidades a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión ferroviaria de la línea siniestrada.
El delito de descarrilamiento culposo está penado con entre 2 y 6 años de prisión, según las leyes argentinas, mientras que el de defraudación contra la administración pública puede acarrear una sentencia de entre 1 y 5 años de cárcel.
En la etapa de investigación, la Justicia concluyó que el servicio de la línea Sarmiento, que une la capital argentina con la zona oeste del Gran Buenos Aires, se prestaba con «graves deficiencias» por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.
Seis días después del siniestro, el Gobierno de Cristina Fernández intervino TBA y más tarde le retiró la licencia de explotación de esa línea, que opera actualmente bajo gestión estatal.
En junio de 2013, la línea Sarmiento fue escenario de un nuevo accidente que dejó tres muertos y más de 300 heridos al chocar dos trenes en las cercanías de la localidad de Castelar, unos 20 kilómetros al oeste de Buenos Aires.