Buenos Aires, 13 jul (EFE).- Un juez ordenó hoy operativos, entre ellos en la inmobiliaria del hijo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, para obtener documentación sobre un hotel del que es accionista la mandataria, investigado por presuntas irregularidades administrativas.
Los operativos, ordenados por el juez a cargo de la causa, Claudio Bonadio, fueron duramente cuestionados por dos ministros del Gobierno de Fernández, que consideran que tienen intencionalidad política.
Según informó la agencia oficial Télam, el juez ordenó un operativo en la inmobiliaria que Máximo Kirchner, hijo mayor de Fernández y del ex fallecido presidente Néstor Kirchner, tiene en la sureña provincia de Santa Cruz.
El magistrado dispuso además un nuevo peritaje contable sobre la empresa Hotesur, gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate, de la cual Fernández, que por estos días se encuentra en la capital santacruceña, es accionista.
Bonadio investiga supuestas anomalías administrativas en Hotesur a partir de una denuncia presentada por la legisladora opositora Margarita Stolbizer.
La diputada y precandidata presidencial asegura que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur), podría ser un alojamiento «fantasma» usado en su momento por el matrimonio Kirchner para presuntamente hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Báez.
Según medios locales, el juez también ordenó hoy medidas para obtener información en varias empresas pertenecientes a Báez.
«Nadie dice que no se hagan investigaciones, pero ¿por qué durante tantos meses no hizo nada y ahora justo antes de las elecciones?», se preguntó el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, en declaraciones a Radio 10, de Buenos Aires.
Por su parte, el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, sostuvo que las medidas ordenadas por Bonadio «tratan de politizar una investigación que no tienen sustento probatorio».
«Si bien son simples pedidos de informes, resulta llamativo que se soliciten estas medidas casi en la misma fecha de inicio de la campaña nacional electoral y cuando solo restan 19 días hábiles para las elecciones primarias, en las que Máximo Kirchner es candidato a diputado nacional por Santa Cruz», afirmó el ministro en declaraciones a Radio del Plata.
Alak aseguró que «en ningún caso hubo órdenes de allanamiento, sino simples pedidos de información», aunque consideró que, «dada la naturaleza de las medidas probatorias solicitadas, estas podrían haberse tomado por simples oficios y no por órdenes de presentación como se efectuaron en este caso».