Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy (SAH)

Cuando se judicializan los hechos políticos y se politizan los temas que deberían ser judiciales algo (malo) está pasando. Los noticieros tienen cada día más “novedades” del ámbito judicial. La justicia es noticia y, en general, eso tampoco es una buena noticia. El silencio en el Congreso y en el Ejecutivo -o la verborragia del Jefe de Gabinete que no logramos que encaje en nuestra realidad cotidiana- nos arrojan a los pasillos tribunalicios (especialmente a los de Comodoro Pi) para ver si logramos entender qué está ocurriendo en nuestro querido País. 

La anomia, no por falta de reglas sino porque el no respetarlas es la única que cumplimos a raja tabla, ha ganado también su batalla en el Palacio de Justicia, tomado en sentido amplio ya que no podemos excluir a ninguno de sus edificios “satélites”. Hoy no podemos decir, “ésta es la jurisprudencia”; “esta ley debe ser  interpretada de esta manera” cuando  comentamos un fallo judicial. Porque esa ley, puede querer decir otra cosa si cambia el nombre que figura en el casillero de los imputados,  o si vira el timón de la política.

Podemos medir cuan vertiginosa es la caída del poder de un funcionario, observando simplemente el ritmo que se le imprime a una causa en la que se lo acusa de algún hecho de corrupción. Esa imputación, en estos tiempos, ya no resulta desdorosa. El mensaje es: Si no te investigaron por corrupción es que ejerciste un cargo público pero no tuviste poder.

Los “termómetros sociales”, condenas judiciales o al menos públicas, ya no miden la temperatura de la infracción sospechada, ahora son sólo parámetros de la política. El mismo antecedente puede llevarte a la cárcel sin derecho a verdadera justicia, casi como mera venganza, o encaramarte a la Jefatura del Ejército.

El “principio de inocencia” ampara a quien sabe soplar en los oídos presidenciales los secretos que la SI (Secretaría de Inteligencia) aparentemente le oculta. Pero es esquivo  con  aquellos que tuvieron la indecencia de no investigar  o, al menos, de no poner a disposición del Ejecutivo,  las intimidades de los enemigos de la Patria, A su juicio: Chacareros, Clarín, periodistas díscolos, opositores políticos (aunque pertenezcan al mismo partido)…

Esa presunción no es una regla procesal en un Estado de Derecho. No es una obligación asumida ante el mundo por la Nación cuando firmo Tratados Internacionales que, para darle raigambre de Ley Suprema, incorporó a la Constitución Nacional. Es solo un «beneficio» que para recibirlo hay que entregar las banderas del pensamiento propio y adherir sin críticas a la «doctrina» que lidera los destinos nacionales.

Las mezquindades políticas carcomen principios esenciales  sin que nadie parezca advertirlo. Tampoco los habitantes de nuestros Tribunales y me hago cargo de lo que escribo. No son sólo los Jueces, también los operadores del sistema: abogados, funcionarios, fiscales… Creeremos que no son nuestras libertades las que están en juego.

El autoritarismo no ingresa de repente por la ventana y se hace dueño  de la casa, el autoritarismo se cocina de a poco, como el sapo que se pone al fuego en agua fría y cuando advierte que lo quieren hervir es tarde, ya no puede escapar.

Los cortes de ruta pueden ser delito o legitima protesta de quienes carecen de otros medios para ser oídos. Muchas veces me pregunto: ¿Si quienes los tienen que escuchar  son las autoridades públicas porque nos gritan en nosotros? Delito o virtud,  depende de quienes sean los «indignados» que impiden al resto de los habitantes que ejerzamos el también legítimo derecho de circular. La calificación  varia según   la ruta cortada y /o  el  funcionario al que perjudica de acuerdo con el análisis que realizan quienes pueden evitar el corte o impedir que continúe.

Cuando «recuperamos» la Fragata Libertad podíamos leer por doquier «Nosotros viento, la Patria barco». A un año de entonces,  debemos entender que mas que viento fuimos un tornado, no impulsamos nuestra embarcación sino que la dejamos a la deriva, sin rumbo y con averías.

Las leyes se sacan a «lo guapo». Sin pudor un senador dice después de  un voto positivo : «No estoy de acuerdo, ojalá la modifiquen en Diputados». La «obediencia debida» supera en estos trascendentes pensamientos la obligación de legislar teniendo en la mira el «bienestar general».

Se intentó «democratizar la justicia», sutil forma de denominar la intención de colocar un blinde que haga inasible a los funcionarios sospechados de delitos. La impunidad debería ser -en el dogma de quienes ejercen el poder- una exigencia esencial y prioritaria si los que se aprontan a reemplazarlos quieren que quede la vacante. Después de todo no se puede pedir sin antes dar.

Los presos en Norteamérica regresan a sus celdas para evitar el frío, en nuestro país, cálido en definitiva, solo huyen. No se sabe cómo pero de pronto se abrieron bajo los suelos de las prisiones una inmensa cantidad de túneles que invitan a transitarlos y  todos conducen a la ansiada libertad.

Ni Guillermo Moreno cumple las órdenes que se le dan . Tiene cargo en Italia pero él se niega a alejarse de su querida  Argentina. Desconozco si pese a ello le estamos pagando el sueldo de diplomático,  pero ésta  no es la única duda que me embarga. ¿Sera que no se va para estar presto para salvarnos del naufragio que presiente que sin su presencia se avecina   o estará cuidando nuestra reputación evitando «exportar» sus desmesurados modales?

No importa si se habla de Once; de la inflación; de la pérdida del auto abastecimiento energético; del enriquecimiento patrimonial injustificado de encumbrados actores de la política, de los medios periodísticos o de los empresarios (porque debemos reconocer que la riqueza llegó presta y voluntariosa a bolsillos de diferentes estamentos  sociales). El tema son los derechos humanos o el índice de la pobreza. Lo único que resulta común en todos los temas, es el disfraz semántico con el que nos referimos a ellos.

Unos por exceso, otros por defecto, nadie parece encontrar las palabras que definan la realidad que debemos transitar. La conciencia de los «mejores», de los que tienen la vara que mide lo que está bien y lo que está mal, se tranquilizara  haciendo una denuncia que de antemano saben camina a que antes o después, la archiven con un  sello que reza  “artículo sexto”. En rigor, cesto de la basura.