Mar Centenera
Buenos Aires, 21 oct (EFE).- Principal distrito electoral del país y tradicional bastión peronista, sus 11,8 millones de votantes, casi uno de cada cuatro en Argentina, convierten la provincia de Buenos Aires en la prueba de fuego para los aspirantes presidenciales.
«Quien controla este distrito tiene un acceso asegurado, incluso haciendo una elección más o menos mediocre en el resto del país, a la Presidencia», afirma a Efe Patricio Giusto, director de la consultora Polilat.
Históricamente, los números le dan la razón: Desde 1983, con el retorno de la democracia a Argentina, quien ha triunfado en el mayor distrito electoral del país lo ha hecho también a nivel nacional.
Desde 1987, la provincia ha estado gobernada por el peronismo. No en vano, el municipio bonaerense de La Matanza, uno de los más emblemáticos de este territorio mayor que Italia, se conoce popularmente como «la capital nacional del peronismo».
Su gobernador durante los últimos ocho años, el peronista Daniel Scioli, es ahora el favorito en las encuestas para la Presidencia, pese a una gestión de claroscuros en la provincia.
«Lejos de resolver los problemas, deja la provincia peor que cuando la recibió», opina Giusto al destacar los retrocesos experimentados en seguridad, educación y sanidad.
El avance del narcotráfico y el aumento de la conflictividad social se incluyen en la herencia negativa de Scioli en esta extensa provincia.
Sin embargo, Scioli ha logrado desvincular su imagen de las críticas a su gestión y en las primarias del pasado 9 de agosto casi un 40 por ciento de los bonaerenses se decantó por él como candidato presidencial, un punto por encima de la media.
«Cada vez hay más estudios de neurociencia que demuestran que el voto tiene más elementos emocionales que racionales. Creo que aunque la administración de Scioli no ha sido buena, logra tener un nivel de comunicación muy bueno con la gente», señala a Efe Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
La otra cara de la moneda es el candidato kirchnerista al gobierno provincial, Aníbal Fernández, con una imagen rechazada por un amplio sector de la población bonaerense.
«El narcotráfico y la inseguridad, ahora estrechamente asociados y afectando a los jóvenes pobres del conurbano, se encuentra en los medios y en las redes sociales, reforzando la imagen negativa de Fernández», señala María Matilde Ollier, decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.
La candidata de la coalición opositora Cambiemos, María Eugenia Vidal, encabezada a nivel nacional por Mauricio Macri, aspira a capitalizar ese rechazo y dar la sorpresa, convirtiéndose en la primera mujer al frente de la Gobernación bonaerense.
Aunque fue la más votada en las primarias, con un 30% de los sufragios, Vidal lo tiene muy difícil para alcanzar el gobierno provincial y debe enfrentar el denominado «efecto arrastre» que Scioli puede provocar sobre Aníbal Fernández.
«El candidato a presidente que más votos saca, tiende a arrastrar al candidato a gobernador que lleva en la boleta (papeleta)», apunta el politólogo Andy Tow.
El sistema electoral argentino permite cortar las papeletas de votación, de papel, para elegir candidatos de distintas fuerzas, pero esta práctica ha sido habitualmente minoritaria, lo que perjudica las opciones de Vidal, según los expertos.
También le juega en contra el entramado político de la periferia bonaerense, uno de los mayores focos de pobreza del país, controlado por los «barones del conurbano» a través de redes clientelistas y planes sociales de los que dependen centenares de miles de familias.
Tanto Cambiemos como la tercera fuerza en intención de voto, Unidos por una Nueva Alternativa, advierten del riesgo de fraude e irregularidades y han puesto en marcha ambiciosos operativos para contar con fiscales en las cerca de 40.000 mesas provinciales.
Una estrategia que puede ser fundamental para inclinar la balanza, como confirma una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid basada en las elecciones presidenciales de 2011 en la provincia de Buenos Aires, que llegó a la conclusión de que la presencia de fiscales partidarios incrementó entre 1,7 y 7 por ciento los votos para sus partidos.
Los analistas locales advierten que los mayores riesgos de prácticas fraudulentas se producen en la apertura y el cierre de mesas y alertan sobre otros mecanismos de inducción al voto.
El voto en cadena, conocido como «la calesita» -la entrega de boletas en sobres ya preparados para introducir en las urnas-, el robo de papeletas y las llamadas «urnas embarazadas», que ya tienen los votos dentro antes de la apertura de las mesas, son algunas de las prácticas denunciadas por la oposición en otros procesos electorales.
El próximo domingo, «se va a pelear voto a voto», vaticina el consultor Ricardo Rouvier, una predicción aplicable tanto a la provincia de Buenos Aires como a toda Argentina.