Mariano Recalde

Por Alida JULIANI SÁNCHEZ/Efe/SAH

Aerolíneas Argentinas se ha convertido de nuevo en blanco de la polémica política tras conocer los resultados del último año, que arrojan pérdidas próximas a los 250 millones de dólares, unas cifras que han vuelto a poner en duda la rentabilidad de la compañía en manos del Estado desde 2008.
El pasado jueves, Mariano Recalde, su presidente desde que fuera expropiada al grupo español Marsans, -que recurrió al CIADI– dio a conocer que Aerolíneas «redujo su déficit entre 2012 y 2013 en un 44,1 %» y obtuvo una facturación de 1.576 millones de dólares, un 21,7 % más que en el periodo anterior.
Eso significaría, según Recalde, «una diferencia en ese periodo de 194,62 millones de dólares menos que el Estado tuvo que aportar para el sostenimiento de la empresa».
Los datos suministrados por la compañía provocaron una fuerte oleada de críticas desde algunos sectores de la oposición y la prensa, al considerar que no se ajustan a la realidad y que los subsidios estatales son mucho más elevados de los reconocidos.
Si bien Aerolíneas cifra en un 44,1 % menos la ayuda económica aportada por el Estado en el último año, los datos que se pueden consultar a través del Ministerio de Economía apuntan a que las ayudas se redujeron solo en un 30 %, según las informaciones publicadas en medios locales.
Las editoriales publicadas en los medios a raíz de la disparidad de cifras que, denuncian, se vienen dando de manera reiterada desde el inicio de la gestión estatal, subrayan la falta de transparencia de la compañía, «cuya asamblea de accionistas jamás presentó un balance».
Al hermetismo que envuelve a los números de la aerolínea se le suman otras críticas como la obsesión monopolística de sus gestores, acusados de haber sido designados «más por su militancia política que por su experiencia en la actividad».
El pasado agosto, la compañía aérea se vio envuelta en una nueva polémica después de que el organismo Nacional Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA), dependiente del Ministerio de Transporte, diera un plazo de diez días a LAN para abandonar su hangar en Aeroparque, el aeropuerto de vuelos regionales de Buenos Aires.
A día de hoy la aerolínea chilena sigue operando desde allí, gracias a una medida cautelar ratificada por la Justicia argentina a finales de diciembre, pero el conflicto levantó ampollas en el país vecino y tensó las relaciones entre los dos Gobiernos.
La gestión estatal de Aerolíneas Argentinas ha sido siempre presentada por la presidenta, Cristina Fernández, como uno de los logros conquistados por el país durante su mandato, al igual que la nacionalización de la petrolera YPF, expropiada en 2012 al grupo español Repsol.
Sin embargo, otra de las dudas que surgen de las pérdidas que acumula la compañía en los últimos años es si mereció la pena rescatarla con fondos públicos y no seguir el ejemplo de los Gobiernos de Brasil y Uruguay, que decidieron no hacerlo cuando afrontaron similares situaciones con Varig y Pluna.
Frente a esto, y en un comunicado enviado a la agencia oficial Télam, Aerolíneas recuerda «que fue el Congreso de la Nación el que decidió descartar esa opción, que implicaba cerrar la empresa, dejar sin trabajo a 10.000 familias, sin conectividad al país e insistir en una política privatista que fracasó estrepitosamente».
Ante el aluvión de críticas, la compañía asegura que «hoy es muy difícil obtener ganancias con una aerolínea» y subraya que las informaciones que apuntan a que la empresa «pierde cada vez más dinero» son falsas.
Y para demostrarlo explica: «En 2008, Aerolíneas, bajo gestión privada, tenía un resultado operativo negativo de 858 millones de dólares, en 2011 fue de 666 millones, bajando a 458 millones en el 2012 y en 2013 se redujo a 247 millones de dólares, o sea que la pérdida operativa se redujo en un 71 % durante la gestión estatal».