Por Enrique Guillermo AVOGADRO

Que la argentina es una sociedad hipócrita y cínica no es, a esta altura, novedad alguna; además, está tan inmersa en las tragedias derivadas de la acelerada depreciación de su moneda, la pobreza generalizada y la cotidiana inseguridad, que ni siquiera se conmueve ante cataclismos institucionales que, en otra época, la hubieran conmovido a punto tal de echarse a las calles a manifestar sus reclamos. Hoy, y tal vez haya que agradecerlo, sólo expresa su descontento ante los encuestadores.

Esa pasividad, por ejemplo, ha permitido que se dinamiten todos los valores culturales con las políticas de género, la difusión del lenguaje “inclusivo” y, sobre todo, con la condescendencia hacia aberraciones que, expuestas como naturales en la televisión más abyecta, parecían identificar a un número significativo de los ciudadanos. Ese relato tan destructivo, al cual se sostiene con ministerios y organismos especializados que cuestan fortunas al erario público, se cayó cuando fueron difundidas las cifras provisionales del Censo 2022: sólo el 0,12% (56.793) de los 47,3 millones de habitantes se identificó con categorías distintas a “hombre” o “mujer” . 

Si bien ha habido alguna repercusión en los medios y en las redes, me parece que los argentinos, no hemos tomado correcta dimensión de la gravedad de lo que está ocurriendo en Entre Ríos; en realidad, sólo ha sido un botón de muestra, grande por cierto, de lo que sucede en el ámbito de la Justicia en nuestro país, en especial en los tradicionales feudos provinciales del norte y del sur. La Viceprocuradora de esa provincia, a cargo de la fiscalía que investiga la corrupción política, Cecilia Goyeneche, obtuvo hace poco la inédita condena a prisión del ex-Gobernador y Embajador en Israel cuando se dictó la sentencia, Sergio Uribarri, por ser, simplemente, un ladrón que robó a espuertas para enriquecerse y financiar sus apetencias electorales; renunció a su cargo pero, por esas curiosidades que tanto abundan entre nosotros, continúa viviendo en la residencia diplomática.

En esa gran defraudación –US$ 53 millones- tuvo la complicidad de un sinnúmero de funcionarios y políticos, algunos de los cuales también resultaron condenados. Obviamente, eso indignó a la “casta” provincial, como la estigmatiza Javier Milei, y se desató una salvaje persecución a la corajuda Goyeneche. A una velocidad nunca vista, se formó un jury de enjuiciamiento con la clarísima intención de destituir a la fiscal en cuestión. 

Ésta llegó a la Corte Suprema nacional, que ordenó al Superior Tribunal de Entre Ríos dictar un nuevo pronunciamiento; sin embargo, fue desoída y el amañado proceso siguió, los miembros del jury ya están votando y, en cualquier momento, la doctora Goyeneche será despedida. Si bien podrá volver a la Corte con su queja, debemos recordar qué sucedió en el caso del Procurador Eduardo Sosa, que pretendía investigar la definitiva desaparición de los famosos “fondos de Santa Cruz”, despedido por el entonces Gobernador Néstor Kirchner con el simple método de suprimir el cargo; el alto Tribunal federal ordenó varias veces su reposición, pero nunca fue obedecido y no hubo castigo alguno para el fundador de la dinastía saqueadora y de la organización ilícita que nos gobierna hace veinte años.

En el fondo, nada debería sorprendernos. El inefable y vitalicio Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, contrató a Old Found, una empresa recién creada por Alejandro Vanderbroele, para asesorarlo en la renegociación de la deuda provincial con el Estado nacional, cuando era Ministro de Economía Amado Boudou, verdadero dueño de la compañía. El monto de la factura que cobró su testaferro, cerca de US$ 8.000.000, los usó el luego Vicepresidente, para hacerse de la máquina de imprimir billetes.

La denuncia contra todos ellos terminó en los tribunales de Formosa, que los sobreseyó por inexistencia de delito. Y en la Provincia de Santa Fe hay un caso paradigmático: el del Senador provincial Armando Traferri, a quien protegen sus pares, acusado por sus relaciones con la banda de Los Monos, que está asesinando a Rosario, y a los grandes popes del juego clandestino.

Mientras la impunidad más repugnante sigue beneficiando a los ladrones y corruptos, cientos de militares ancianos, elegidos por esa misma sociedad que tanto les rogó actuar y hoy lo niega, perseguidos por la inmunda venganza de los terroristas de los 70’s encaramados en la administración pública y en los organismos de derechos humanos corrompidos por los Kirchner con dinero estatal, se pudren literalmente en cárceles de todo el país, condenados en juicios realizados con pruebas claramente amañadas (testigos con memoria “construida colectivamente”, con impedimento a la repregunta por el riesgo de “revictimización”, con identificaciones de imputados por el tono de voz o el aspecto físico más de cuarenta años después de los hechos, etc,). 

A estos soldados, a los cuales se niegan todos los derechos que son la base del sistema jurídico de Occidente (principio de inocencia, juez natural, irretroactividad de la ley penal, ley más benigna, limitación a la prisiones preventivas que, en muchos casos, superan los 15 años), se los mantuvo en la cárcel, pese a las graves patologías que padecen en razón de su edad y que los matan como moscas, mientras se liberaba a miles de asesinos y violadores con la excusa de la pandemia Covid.