Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

Con actividad perseverante se han ido arrasando las estructuras que sostenían las instituciones de Argentina. De a una, con la sabiduría del ingeniero especialista en demoliciones, fueron colocando cargas explosivas que convertían en irreconocibles partículas los organismos de control, el Congreso, los organismos de Derecho Humanos, las agencias del Estado, la Justicia y podríamos seguir enumerando más.

Los que se sienten dueños de verdades y certezas indiscutibles no necesitan confrontarlas. Ese líder carismático no necesita de las instituciones, él (o ella) tiene todas las respuestas y es quien reparte los bienes (y males) con si fueran patrimonio propio.

Cuando un Juez pone en vilo al líder o a alguno de sus laderos (familiares, amigos o simplemente socios) o no resuelve conforme el deseo del gobernante, éste considera que debe desplazarlo. Lo hace conforme lo indican las leyes o en contra de lo que ellas manifiesten ya que el poder hegemónico está por encima de esos “formalismos”. Manejar todos los resortes del Estado permite detener un avión que transportaría a quien pueda poner un obstáculo al magno deseo, o incumplir los acuerdos realizados sin que traiga ninguna consecuencia y logrando igualmente que los opositores vuelvan a acordar y a creer, como si la historia de las traiciones les fuera desconocida.

La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo Tribunal Judicial a la hora de definir los conflictos que ponen en crisis los bienes jurídicos más preciados y absolutamente esenciales para el funcionamiento de una República. Los Jueces de las instancias anteriores pueden investigar y acreditar graves corrupciones, lavados de activos por cifras millonarias realizados por quienes deberían vigilar el cumplimiento de las reglas, el apoderamiento de la imprenta que imprime los billetes de curso legal en el país, hechos de traición a la patria o definir la constitucionalidad de leyes o Tratados Internacionales.

Aunque resulten confirmados por los Jueces de Cámara si el Tribunal de Casación lo revoca, anula o desacredita, lo hecho con tanto esfuerzo (porque no resulta fácil en ningún estamento ir en contra del deseo de los gobernantes) sólo servirá para incrementar el índice de impunidad y el sentimiento de frustración de quienes depositaron en la Justicia su última esperanza.

Esa Cámara venía dándole al oficialismo demasiados sinsabores. Imagino que éstos no se deben a conductas impropias sino, a los ojos de los poderosos afectados,  a conspiraciones golpistas alentadas por los medios periodísticos “hegemónicos”. Advirtieron que la única forma de controlar a ese enemigo triturador era cambiando a los jueces que lo integran por otros que comprendan la filosofía que alientan. Pero, tienen poco tiempo, el fin del mandato de quien es su líder indiscutida se aproxima a pasos agigantados. Igual sueñan con que seguirá reinando, moviendo los hilos de los que pretende que sean sus títeres y se apresuran a concretar la “limpieza” de los recintos impuros. La velocidad suele darse de narices contra la prolijidad y entonces hacen la tarea a como dé lugar, brutalmente, sin máscaras, con absoluta obviedad.

El juez Luis María Cabral, es ahora el objetivo, pero hubo otros antes y los seguirá habiendo.

Resulta difícil ocultar el fracaso del polémico memorándum firmado con Irán por la causa AMIA. Pero, igualmente, Argentina insiste en sostenerlo en pie pese a la indolencia iraní que no escatima esfuerzos para desairarla. Es que ese papel mancillado es con el que pretenden ocultar la falta de respuestas a los interrogantes que dejó Nisman en su denuncia contra la mandataria. No importa el escándalo político que significa   intentar intervenir la Cámara de Casación Penal, el objetivo lo justifica: impedir que ese Tratado sea declarado inconstitucional. La mera sospecha que dos de los tres Jueces que integraban la Sala que debía valorarlo, iban a considerar que agredía normas constitucionales, fundamenta el desesperado afán de quitarse del medio al que determina esa indeseada mayoría.

En memoria del fiscal Alberto Nisman

No es el prestigio internacional de Cristina Kirchner, ni la seguridad jurídica del país lo que les preocupa. Los únicos Países   que importan a nuestro gobierno no otorgan valor ni a las decisiones judiciales ni a esa seguridad que sólo debería fundarse- según entienden – en el clamor de la mayoría y no en leyes que han perdido sentido con los “nuevos valores” que patrocinan. Lo que realmente le preocupa a este respecto es el fantasma de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que describió un entramado de encubrimiento para asegurar la impunidad de los imputados en esa causa.

La inconstitucionalidad incomodaría a la mandataria y quedaría expuesto ante el mundo que puede conseguir el aval del Congreso pero que en la Justicia sus antojos no son siempre respaldados. El Ejecutivo no puede firmar Tratados que agreda la letra Constitucional y si lo hace, la Justicia debe derribarlos. Eso es seguridad jurídica y no lo contrario. Pretenden que no se judicialicen las decisiones del Ejecutivo cuando ha sido éste el que se entrometió en la labor de la Justicia.

Si el voto del juez Luis María Cabral podía desterrar el andamiaje levantado por el Gobierno alrededor del memorándum y permitir el papelón internacional de la mandataria, nada mejor que deportar al osado. Si por añadidura ya dio señales de insurrección cuando votó para que no fuera corrido el Dr. Bonadío de la causa que investiga a su familia y amigos por el delito de lavado de activos, no deben siquiera respetarse las formas , hay que echarlo aun groseramente.

El juez federal Claudio Bonadío

 El Consejo de la Magistratura fue un organismo pensado para garantizar la independencia de los Jueces, para intervenir en su remoción y en sus designaciones. No sólo las reformas operadas en su composición y funcionamiento desvirtuaron sus objetivos, sino que las luchas intestinas y las negociaciones políticas dentro del organismo desenmascararon a sus protagonistas y nos mostraron sus peores rostros. Lo cierto es que  la mayoría oficialista (sí aunque parezca absurdo ese organismo se divide en oficialismo y oposición) logró aprobar la designación de tres conjueces abogados para la Cámara Federal de Casación Penal dando por terminada la subrogancia que ejercía allí Cabral.

La acordada a través de la cual fue designado subrogante dice que ocupará ese cargo hasta que haya un juez titular designado a través del procedimiento constitucional, es decir luego de un concurso y la aprobación del Senado. Obviamente los nuevos subrogantes no reúnen dicho requisito, su diferencia con Cabral parece ser tener un oído más delicado para escuchar los deseos del poder.

El Fiscal ante esa Cámara, Raúl Plee, pidió que se abran los sobres lacrados en los que estarían los votos de Cabral y Gemignani, que supuestamente ya conformaban una mayoría de dos a uno contra la apelación del Gobierno. Mientras lo hacía se le recibía el juramento al designado abogado conjuez Claudio Marcelo Vázquez sin importar siquiera que en Abril de este año la Corte declaró la “nulidad” e “inconstitucionalidad” de la lista de conjueces designados para suplir ante el Alto Tribunal, lista decidida exactamente igual que aquella de la que se desinsacula Vazquez.

Plee también afirmó: ‘Era un final anunciado. Lo mismo le había pasado al fiscal Moldes en la causa Nisman. Siempre hay un argumento leguleyo en el que pretenden ampararse para que no se resuelva lo que el poder no quiere que se resuelva’. ‘Esta es una causa en la que estamos revictimizando a las familias de los muertos del 18 de julio de 1994’. ‘La Cámara Federal en mayo del año pasado determinó la inconstitucionalidad’. ‘Esto de ayer es absolutamente insólito’.

El fiscal Raúl Plee

Cabral inició un amparo para permanecer en el tribunal. Algunos políticos opositores (Elisa Carrió- Laura Alonso) realizaban denuncias contra la acción desplegada calificándola de abuso de poder y afirmando que el Poder Ejecutivo usurpa el Poder Judicial utilizando como arma la ley de subrogancias que le permite al oficialismo colocar jueces con mayoría simple y sin concursos. Algunos legisladores acusaron a la Presidenta de ser “la autora intelectual y principal beneficiaria de este accionar que busca garantizar su impunidad”. La oposición toda se abroqueló para cuestionar la decisión.

Cooptar esa Cámara le permite no sólo evitar la declaración de inconstitucionalidad del Pacto con Irán sino y especialmente comprar impunidad. Ya no merece la pena ocuparse de los Jueces Federales, alguno de los cuales parecen haber desenchufado el teléfono que los comunicaba con la Casa de Gobierno. Que decidan lo que les venga en gana total al llegar a Casación se anula lo hecho y se resuelve conforme las necesidades políticas del gobierno.

Los Jueces que irritan al poder deben ser desarticulados. No se cubrirá ni la formalidad de justificarlo con algún fundamento ni la de evitar que los conjueces que los reemplacen tengan vínculo conocido y público con el “proyecto” político que los Magistrados con la espada de la independencia intentan dañar. Las irregularidades – en muchos casos delitos- carecen de importancia porque se ejecutan para preservar el bien superior que los elegidos protegen.

La “gravedad institucional” de la maniobra de apartar a Cabral es intensa. Se han cometido los delitos de violación de los deberes del funcionario público y de abuso de autoridad; se ha agredido la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Se procura impunidad. La Cámara de Casación será convertida en el dique de contención de las causas que puedan dañar a los amigos del poder. Se los ha blindado y se ha puesto en crisis la seguridad de quienes no profesan la fe kirchnerista. Se agrede la imparcialidad. Han conseguido una fórmula mágica: logrando que el Congreso apruebe sin discusión los Proyectos que ejecutan con sigilosa y pensada ingeniería en el Ejecutivo y que, los Jueces no discutan la constitucionalidad de esas reglas aplicándolas a aquellos a quienes están dirigidas: los enemigos, se logra una concentración de poder que en décadas serán imposible de desarticular. En definitiva, no es sólo Cabral, se ha herido mortalmente a la República.