viernes, 7 de febrero de 2014
Los oficiales de «ética», a la caza de prácticas «no santas» en las empresas

Buenos Aires. Por Natalia KIDD

Como ángeles que velan por la buena reputación de las empresas, los oficiales de «ética y cumplimiento» vigilan las prácticas de las corporaciones para evitar conductas «no santas», como el pago de sobornos o el fraude, un puesto de trabajo que crece entre las compañías argentinas.
Aunque la figura del «compliance officer» (oficial de cumplimiento y vigilancia) está ya consolidada en las estructuras corporativas de países desarrollados, en Argentina su adopción es relativamente reciente, pero va en aumento.
En este país sudamericano, donde la corrupción es una de las principales lacras de la que se quejan los ciudadanos, ya hay cerca de dos centenares de grandes empresas que ocupan a una persona con este cargo formal, según datos de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).
Muchas otras empresas dan esta función a trabajadores que ya ocupan otro puesto, como el de auditor interno o gerente de Asuntos Legales, por lo que no desempeñan el rol de vigilancia con exclusividad.
Pero como las normas, locales e internacionales, obligan a cada empresa a designar un responsable que vele por el cumplimiento de regulaciones y normas éticas, esta labor está en ascenso y llevó a la AAEC a crear, junto con la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, el primer programa de estudio en Latinoamérica para formarse en esta función.
«En los próximos cinco años el número de compañías con especialistas en ‘compliance’ se triplicará», aseguró Carlos Rozen, presidente de la AAEC y socio de la consultora y auditora BDO Argentina.
A este crecimiento empujan las legislaciones internacionales que deben respetar las multinacionales, sea donde fuere que operan, las crecientes normas de regulación en todos los sectores, los sucesivos casos de corrupción que ponen a las empresas en el ojo de la tormenta y las abultadas multas por incumplimientos de las leyes.
En Argentina, en particular, la Unidad de Información Financiera obliga a tener un oficial de cumplimiento desde marzo de 2011 a aquellas empresas con alto riesgo de blanqueo de dinero y de financiación al terrorismo, como, por ejemplo, las firmas que explotan juegos de azar y los servicios postales que hacen operaciones de envío de dinero, entre otras.
«La complejidad de la legislación internacional y local hace que cumplir sea algo muy difícil. Además hay multas gigantes por incumplimiento y presiones por parte de organismos y partes interesadas», explicó a Efe Carlos Rozen.
Además de lo que las empresas están obligadas a hacer por las normas, las compañías están expuestas a «riesgo en su reputación» ya que hoy incumplir puede significar salir en las portadas de todos los periódicos o dejar de cotizar sus acciones en las bolsas.
Los oficiales de cumplimento, que normalmente son abogados de profesión, también velan por el respeto de las normas de ética y conducta que cada organización dicta y pretende que todos sus miembros acaten.
«Además de conocimiento de normas y regulaciones, los oficiales de cumplimiento deben ser buenos líderes y capacitadores, darse a entender, deben caminar mucho dentro de la empresa y hablar con la gente. Debe además ser un buen asesor de negocios y advertir cuando una práctica que deje buen dinero, a lo largo plazo será perjudicial», explica Rozen.
Los oficiales trabajan revisando los procesos de las diferentes áreas de la compañía, para detectar aquellas prácticas que deben ser mejoradas, y recibiendo denuncias de los propios miembros de la organización.
«También debe hacer, como tarea preventiva, investigaciones a empleados y socios de negocio, controlar que en el negocio no están involucrados funcionarios políticos o delincuentes acusados por lavado de dinero», indicó el presidente de la AAEC.
Para las empresas argentinas, en especial aquellas cuyos negocios se desarrollan en países con fuertes leyes anticorrupción pública, hay, según el experto, una fuerte preocupación para tratar de prevenir cualquier caso de sobornos a funcionarios públicos.
El lavado de activos, sancionado fuertemente por las normas locales e internacionales, es otro de los asuntos que buscan prevenir las empresas. (Efe)