Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

El voto popular inocula a la palabra presidencial de autoridad. Su potencia depende de su credibilidad. Su legitimidad, de la convicción de que sus frases y su acción, se dirigen a los objetivos que constitucionalmente le son obligatorios.

Como “dignatario” debe honrar la dignidad propia y la de los habitantes del país que debe gobernar por el mandato que le dieron los votos que lo ungieron en ese puesto.

Pero Fernández no titubeó ni un segundo. Desde el instante mismo que asumió la presidencia vació de contenido su palabra y su dignidad. No debería sorprendernos que alce su voz contra lo que la Constitución Nacional le exige. Cuanta más grita, más deja en evidencia lo desprovistas de fundamentos que están sus afirmaciones.

Intentó durante más de un año ser amo y señor de las vidas de todos los habitantes (hoy no sabemos si por derecho propio o cumpliendo órdenes) y nos encerró en nuestras casas, nos robó la libertad, el trabajo y la educación. Prometió imponer sus ordenes con las fuerzas federales  mientras intentaban clausurar totalmente la vida de los habitantes . Se olvidó que las provincias conservan el poder que no delegaron expresamente a la nación y quiso que las llaves del gobierno central cerraran las puertas de los colegios de las diferentes jurisdicciones,  aun después que los administradores locales comenzaron  a advertir que la única política sanitaria era encerrarnos, mientras que en los palacios gubernamentales,  la vida social ambulaba sin tapabocas y autoritarias decisiones comprometían nuestro presente y nuestro futuro.

Hace ya varios años pero tomando un importante impulso en diciembre del 2019  grupos que se auto perciben como “mapuches” y que integran la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) asolan con su violencia distintas regiones de nuestra Patagonia. Ocupan territorios públicos y privados desalojando  a como de lugar a quienes se encuentran en ellos. Incendia y  dañan todo lo que esté a su paso; agreden a los pobladores, destruyen la fauna y la flora, roban  las pertenencias  mientras alegan que Argentina y Chile ocuparon ilegalmente sus territorios ancestrales. Sus dichos no son acreditados más que por la fuerza de los hechos . Con sus  agresiones replican el genocidio que cometieron contra Tehuelches que eran los originarios habitantes de la zona.

La justicia en ningún caso ha hecho lugar a sus reclamos de recuperar las tierras, por el contrario, con lentitud y temor ha ido ordenando el desalojo de las tierras que usurparon aunque sus ordenes no resultan cumplidas ni ejecutadas.  En ningún caso lograron acreditar que pertenecen a la comunidad con cuya etiqueta saquean,  ni tampoco que esas tierras correspondieran a esa comunidad. Existen más de 100 investigaciones judiciales promovidas por los delitos perpetrados.

 Sus maniobras disolventes son respaldas y apoyadas por funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).  Ese Instituto que tiene como función el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos originarios del territorio nacional, en lugar de procurarlo para aquellos que tienen sobrados títulos para probar esa procedencia (los Wichi por ejemplo, a quienes ni siquiera reciben para escuchar sus necesidades),  ha resuelto ser cómplice de los pseudo mapuches que adoptan el delito como medio ordinario de sus   reclamos, no creen en ningún gobierno y rechazan todo diálogo con representantes del Estado. Le brindan apoyo logístico permanente, le otorgan tierras (distribuyendo lo público como si fuera de su propiedad). Luis Pilquiman – funcionario del INAI- fue detenido conduciendo sin registro cuando trasladaba a personas a una de las propiedades usurpadas, a él lo detuvieron pero son muchos los vehículos oficiales que transportan a supuestos mapuches para facilitar su accionar delictivo.  

Agobiada, la gobernadora de Río Negro, solicitó ayuda federal para tratar de restablecer el orden y contener el riesgo institucional que esos agravios implican. El presidente de la nación una vez más puso de relieve que alardea de profesor de Derecho pero ignora el contenido de la Constitución Nacional.

Le envía como respuesta una carta en la que le aclara que  no es función del gobierno nacional “reforzar el control de las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”,  que esto sólo se impone cuando resulte necesario para el “restablecimiento de la seguridad interior” . Aclarándole que éste no es el caso.  El intento de establecer una nación mapuche en nuestro territorio desconociendo la soberanía nacional mediante violencia, la amenaza a la propia gobernadora, el incendio de propiedades pública y privadas no comprometen la seguridad interior, según Fernández. La apertura de escuelas para que nuestros niños estudiaran cuando él pretendía impedirlo, sí.  Reconocerlo significaría aceptar que sus funcionarios participan en esos delitos. Pero, como lo guía el federalismo, decidió asistir a la provincia con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona. La “solidaridad “presidencial conmueve.

Nada nuevo bajo el sol. No es la primera vez que un gobierno nacional incumple con su obligación de asistencia ante actos de sedición, en 1974 casualmente con un gobierno del mismo signo lo había hecho con la provincia de Córdoba.

 Simultáneamente el ministro de seguridad pretende que resuelvan el problema dialogando  con los criminales. Ni siquiera tiene en cuenta que no aceptan el diálogo ni siquiera con las autoridades nacionales porque desconocen su autoridad, aunque no rechazan la permanente ayuda logística y económica que los funcionarios del gobierno le prestan.

Nuestro embajador ante la república de Chile defiende ante los tribunales de aquel país a Facundo Jones Huala, detenido allí por sus tropelías – que también ejecutó en nuestro país – Desconoce reglas elementales de la diplomacia pese a haber ocupado el cargo de Canciller y respalda a quien cometió delitos para agredir la soberanía de nuestra nación.

La tolerancia cómplice devino en colaboración con los criminales. La palabra devaluada en frases que lesionan al sistema representativo, republicano y federal. El desapego a la ley, en patrocinio a los delincuentes. Los constantes actos de violencia  en el sur del país (Neuquén , Río Negro y Chubut) por parte de una comunidad autodenominada mapuche  ponen en  riesgo la vigencia de derechos constitucionales  y aumentan el peligro de secesión recibiendo el aplauso de la presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo que afirman que “son perseguidos por la avaricia de quienes quieren robarle sus tierras”. El cambio de roles convierte a los victimarios en víctimas  y a la impunidad en una constante.

El doble estándar  en la aplicación de las reglas – fuerzas federales para cerrar escuelas , negativa de enviarlas ante hechos violentos  que por añadidura desconocen la soberanía nacional-  implican que el país no está en crisis sino en decadencia, en una declinación difícil de revertir. Hay sin embargo alguna coherencia en el accionar gubernamental:  la usurpación de tierras en el conurbano bonaerense sucede con el liderazgo de punteros políticos que movilizan a los “okupas.”

El fraude de etiquetas es una constante, como lo es la violencia como medio para imponer los reclamos.  La buena fe federal, la lealtad federal no goza de buena salud. Desentierran el hacha de guerra y el presidente afirma que el camino que comenzaron en el 2019 no va a cambiar, que no ha de alterarse . ¿A qué camino se refiere? ¿a la intención de comprar votos con dádivas que agreden la dignidad ¿. ¿Comprar votos  con dineros que provienen de una emisión descontrolada? ¿Al de la ideología reemplazando las ideas, sin importar si éstas lo conducen   a chocar con  un iceberg cada vez más cercano y potente?  ¿ Al que le permite mirar para otro lado cuando se conculcan libertades ciudadanas si el gobernador ( INSFRAN) es del “mismo palo”? ¿Al atajo en el que se encapsulan  los escándalos sin importar el agravio que hayan producido? ¿A continuar demostrando que carece de brújula, que sólo obedece las ordenes que recibe aunque resulten incoherentes? ¿Al que tiene al odio como aglutinador?

A un gobierno se lo reconoce por las libertades que facilita y no por las dádivas que regala . Ningún regalo es gratis y suele pagarse con dignidad y con libertad. Conservar el poder requiere respeto hacia la persona y el puesto que ocupa ,  imponiendo a la ley sobre sus deseos.   El vacío éticos agobian tanto como las necesidades y los miedos

Algunos diputados piden interpelar a los ministros; otros ciudadanos hacen una denuncia por “Traición a la Patria y asociación ilícita” a autores y cómplices de los delitos;  la gobernadora de Río Negro,  amenazada por los violentos, pide ayuda al gobierno federal. Diferentes asociaciones gritan su alerta. “Profesores Republicanos” subraya que  se están cometiendo actos de sedición procurando crear un estado autónomo en la República Argentina y califican la inacción de los gobernantes como complicidad con los delitos que  esa banda comete. Reclaman  a las autoridades la urgente y drástica resolución del conflicto.

Los movimientos son sincronizados y parecen pasar inadvertidos para la oposición y para muchos ciudadanos. Las conciencias parecen adormecidas pese a que Eladia Blazquez  nos enseño hace tiempo que “merecer la vida no es callar , no es consentir, tantas injusticias repetidas.”