Buenos Aires, 3 sep (EFE).- El expresidente argentino Carlos Menem se negó hoy a declarar en el juicio oral que se le sigue a él y a otros doce imputados por el encubrimiento del atentado terrorista perpetrado en 1994 contra la sede de la mutualista judía AMIA, de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas.
«Me niego a declarar», dijo Menem, de 85 años, al titular del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini.
El exmandatario, quien gobernó Argentina entre 1989 y 1999, sigue el proceso desde su casa en la norteña provincia de La Rioja ya que fue autorizado por el tribunal a seguir el juicio por vídeo-conferencia luego de que la defensa de Menem alegara problemas de salud.
Antes de invitarlo a prestar declaración, el tribunal oral rechazó un planteo hecho por la defensa del exmandatario y actual senador para que la Cámara alta lo relevase de la obligación de guardar los «secretos de Estados».
Los abogados de Menem habían alegado que, con su declaración, el exgobernante «podría afectar los intereses» de la Nación y «el rompimiento de la convivencia pacífica» con otros países.
Los miembros del tribunal oral informaron que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia argentina informó que Menem no estaba bajo restricción alguna para declarar.
Al negarse Menem a prestar declaración oral, el tribunal dispuso entonces que se diera lectura a la declaración que el acusado había prestado por escrito durante la instrucción del caso, oportunidad en la que negó haber ordenado que la investigación judicial del atentado dejara de lado la denominada «pista siria».
Esa pista apuntaba las sospechas al empresario de origen sirio Alberto Kanoore Edul, cuya familia era oriunda del mismo pueblo que la familia Menem.
En esta audiencia destinada a tomar declaraciones a los acusados también se acogió al derecho de no declarar el exjuez Juan José Galeano, quien sostuvo que dará sus explicaciones «al momento que corresponda».
Además de Menem y Galeano, están acusados, entre otros, los exfiscales de la causa Eamón Mullen y Jorge Barbaccia, el excomisario de la Policía Federal Jorge Palacios, el abogado Carlos Telleldín y el extitular de los servicios de inteligencia argentinos Hugo Anzorreguy.
Los trece imputados son juzgados por varias irregularidades, como el presunto soborno con 400.000 dólares a Telleldín para incriminar a policías bonaerenses.
Entre las maniobras detectadas en la etapa de instrucción figura la «pérdida» de unas 60 cintas grabadas con escuchas telefónicas de los servicios secretos argentinos a presuntos integrantes de la conexión local que cooperó con los terroristas.
El atentado contra la AMIA, que permanece impune, fue el segundo contra sedes judías en Argentina.
En 1992 la Embajada de Israel en Buenos Aires quedó destruida por un atentado, también atribuido a Hizbulá, en el que perdieron la vida 29 personas.