Por Adolfo ATHOS AGUIAR para SudAméricaHoy

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) dará otro golpe -no por intempestivo imprevisible- contra el Grupo Clarín, haciéndose cargo de su desmantelamiento administrativo tras rechazar su plan de readecuación. AFSCA intentará ejercer facultades y potestades que basa en una resolución propia, dictada por delegación de un decreto reglamentario de la ley de medios.

Clarín ha sido uno de los diarios de mayor influencia en la política argentina y el de mayor tirada. Adquirió una posición dominante en el proceso de concentración de medios audiovisuales, favorecido por actos legislativos y administrativos de este mismo gobierno.

Muy probablemente el Gobierno se haya considerado acreedor a una participación en el negocio que favoreció tan espectacularmente. En 2008 un capitalista amigo ofreció adquirir el 30% del grupo y no prosperó. Unos meses más tarde, Clarín no respaldó al gobierno en la revuelta agraria.

Ante tamañas traiciones, el matrimonio presidencial inició una cruzada para desmantelar el enorme conglomerado que había contribuido a consolidar. La Ley de Medios Audiovisuales, largamente reclamada y postergada, nació alterada por la necesidad de afectar a Clarín en particular. El decreto reglamentario y las resoluciones de AFSCA siguieron en ese rumbo. De esa manera se inició lo que de uno y otro bando llamaban “la madre de todas las batallas”, librada en sedes judiciales diversas, que tuvo un final aparente cuando la Corte Suprema concluyó a favor de la Ley de Medios, y dejando otros abiertos. Una paz transitoria que se hubiera consolidado de producirse la aceptación de una adecuación voluntaria por parte del grupo.

El episodio dejó algunos mensajes. Un litigante dotado de medios casi ilimitados con los mejores equipos de abogados, una Justicia que se mece como un juncal ante los vientos fuertes, y un gobierno acostumbrado a ignorar y condicionar las sentencias judiciales, pusieron a prueba las inconsistencias y la fea realidad del ejercicio de la jurisdicción en Argentina.

Fue la demostración palmaria de que nuestra administración de justicia se impulsa por la capacidad real de fuego de los litigantes. Mientras pequeños justiciables e innumerables víctimas son atrapados en una telaraña inextricable, la capacidad de litigación, de lobby y de presión pública obtienen de la jurisdicción una actividad masiva aunque la distraiga de su función institucional primigenia.

En el proceso se exhibió una mezcla de lo que con demasiada elegancia un doctrinario ha definido como las “ideologías políticas e ideologías judiciales” que nutren el desempeño de nuestros jueces.

Sería temerario prever el futuro basado en esos antecedentes, aunque si Grupo Clarín queda confinado a litigar en el fuero contencioso administrativo, éste le resultará menos accesible y lo puede derivar a discutir las consecuencias y los daños antes que la pertinencia de los actos administrativos. Le sería más difícil conseguir medidas cautelares como las que abonaron su litigio anterior.

Pero esta nueva situación, además de generar una nueva y masiva distracción del ya ineficiente aparato judicial, ofrece una oportunidad institucional:

La acción previsiblemente global del Grupo y sus allegados puede desafiar al sistema judicial a examinar el valor y sentido de la garantía de la tutela judicial efectiva, en particular y sobre todo en temas de derecho público. La administración de justicia en Argentina tiene postergado este concepto, sobre el que episódica y muy esporádicamente asume posiciones generalmente formularias y burocráticas, ampliando su déficit respecto de países que lo han erigido en verdadero eje de su protección de los derechos individuales.