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Discurso de Gabriel Boric
Buenos Aires, 8 sep (EFE).- El juicio por el accidente ferroviario que en febrero de 2012 dejó 51 muertos y más de 700 heridos en una concurrida estación de Buenos Aires continuó hoy con los alegatos de un grupo de la querella que pidió 15 años de prisión para dos exsecretarios de Transporte de las gestiones kirchneristas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la capital argentina reanudó hoy las audiencias y escuchó el alegato de los abogados que representan a la familia de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la llamada «tragedia de Once».
Para los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime (2003-2008) y Juan Pablo Schiavi (2008-2012), esta querella pidió 15 años de prisión e inhabilitación absoluta para cargos públicos, según detalló hoy el Centro de Información Judicial.
Otros dos grupos de querellas pidieron ayer 22 años de prisión para el maquinista Marcos Córdoba, que conducía el tren que en 2012 se empotró contra un andén de la estación porteña Once, una de las cabeceras de una concurrida línea ferroviaria que conecta la capital argentina con la zona oeste del conurbano bonaerense.
Esas dos querellas consideran a Córdoba como «autor penalmente responsable del delito de descarrilamiento doloso».
En el juicio por la denominada «tragedia de Once», además de Jaime y Schiavi hay otros 27 procesados, entre ellos el maquinista.
También afrontan este juicio los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión ferroviaria de la línea siniestrada, acusados de presunta «asociación ilícita» y «descarrilamiento de un tren agravado».
La «tragedia de Once» se produjo el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento se empotró contra un andén en la hora punta de la mañana.
En la etapa de investigación la Justicia concluyó que el servicio de la línea ferroviaria se prestaba con «graves deficiencias» por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.
Seis días después del siniestro, el Gobierno argentino intervino TBA y más tarde le retiró la licencia de explotación de esa línea.