Por Christian Alberto CAO, para SudAmericaHoy (SAH)

(Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires)

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional e inaplicable una de las leyes de la “reforma del sistema judicial”, aprobada por el Congreso -a instancias de la Presidenta de la Nación- comenzó a exhibir sus primeros efectos políticos. Algunos de ellos, indeseables.

Al momento del dictado de ese pronunciamiento judicial, en SudAmericaHoy explicamos que contó con el aval de la casi totalidad de sus miembros, con la excepción del magistrado que con frecuencia suele opinar a favor del Gobierno.

Ahora bien, la agencia fiscal nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos) ha iniciado una investigación patrimonial e impositiva sobre uno de los jueces del tribunal de mayor jerarquía de la Nación, su presidente Ricardo Lorenzetti.

Esto pone de manifiesto la profundización de la brecha –nociva a nuestro entender- entre el Poder Ejecutivo  y el Poder Judicial, en relación a la disputa de poder político y a la garantía del mantenimiento del Estado de derecho.

Si bien la agencia fiscal posee cierta autonomía respecto al Poder Ejecutivo, lo concreto es que resulta difícilmente creíble que este organismo haya actuado de la manera que lo hizo, sin contar con el aval de la Presidenta de la Nación. Jamás hubiera sido posible pensar en el despliegue de semejante investigación de forma autónoma frente a uno de los jueces del máximo tribunal, de gran prestigio académico y paradójicamente designado por el Gobierno del mismo color político.

Por otro lado y paralelamente, esto debe ser analizado a la luz de similares denuncias sobre enriquecimiento ilícito que pesan sobre personas allegadas al Poder Ejecutivo. Sobre estas denuncias, en cambio, la agencia tributaria se ha destacado por su silencio.

Evidentemente hoy, el enriquecimiento de los funcionarios públicos, resulta ser el arma más poderosa para criticar su buen o mal desempeño. Al mismo tiempo, las variables sobre inseguridad, inflación, precariedad de la infraestructura pública, salud y educación, entre otros, pasan a un segundo plano.

Se debe destacar que todo esto se desarrolla en un escenario de estudio y debate sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ley de medios audiovisuales por parte del grupo multimedios Clarín, en el seno del mismo tribunal.

Esta “presión” ejercida sobre los jueces tiende un manto de sospecha sobre la libre decisión e independencia del Poder Judicial, cuando es inminente un pronunciamiento sobre ese caso.

La corrupción pervierte la forma de organización política. En todo sistema republicano la conducta de los funcionarios públicos debe mantenerse en total y absoluta transparencia. Pero lo que califica la buena o mala gestión pública es la eficaz satisfacción de derechos y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, amén de aquella cuestión.

Es momento que la sociedad pondere por igual estos factores, y no sólo se incline por uno de ellos.