Buenos Aires, 23 oct (EFE).- La negativa del Gobierno argentino a presentarse en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denuncias de «injerencias del Poder Ejecutivo en el Judicial» provocó hoy la polémica en el país suramericano a dos días de las elecciones generales.
El canciller argentino, Héctor Timerman, dijo hoy en rueda de prensa que el motivo de la ausencia ya había sido notificado por «las implicancias negativas» de que se tratara un tema «que forma parte del debate electoral a 48 horas de las elecciones nacionales», un periodo de reflexión en el país y de veda.
Timerman argumentó que Argentina rechazó asistir a la audiencia tras considerarla «inaceptable, inadmisible e improcedente» y denunció «una operación político-mediática contra el proceso electoral» que vivirá el país este fin de semana.
«Ante la negativa de la Comisión de postergar unos días la realización de la audiencia es que me vi obligado a enviar una carta a la Comisión de la (Organización de Estados Americanos) OEA anunciando que la Argentina no participaría de una audiencia con un claro objetivo de interferir en el proceso electoral», agregó el canciller argentino.
Para Timerman, «es preocupante si los miembros de la Comisión no se han percatado de la clara direccionalidad política de las asociaciones peticionantes y sus objetivos político-mediáticos», miembros que, a su opinión, «actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trató hoy por primera vez las denuncias de «avances e injerencias del Poder Ejecutivo Nacional contra la independencia Judicial», fomentadas desde organizaciones no gubernamentales argentinas como Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
La audiencia tuvo como objetivo «llamar la atención sobre la frágil situación de la independencia judicial en Argentina», según informó ADC.
En el país austral, el Gobierno de Cristina Fernández ha mantenido una tensa relación con el Poder Judicial, que ha llevado a varios cruces y críticas en los últimos años.
Según estaba previsto, la ONG acercó un informe sobre la «creciente incidencia de los jueces transitorios en la justicia nacional y federal» y «la designación de funcionarios que no reúnen los requisitos constitucionales como jueces».
Además, denuncian «intentos por presionar a jueces que tienen a su cargo investigaciones que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo» y «el uso de vías irregulares e ilegales para promover la destitución» del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt.
Para Timerman, no obstante, «los solicitantes han pretendido, infructuosamente y con argucias utilizar una herramienta que brinda el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para introducir un debate político durante la veda electoral que rige de acuerdo con la normativa del Estado argentino».
El país suramericano celebrará elecciones generales este domingo y, durante las 48 horas previas, rige una veda que implica la prohibición de realizar actos públicos de proselitismo, de difundir avisos de campaña en medios impresos, radio y televisión y de organizar espectáculos públicos y competencias deportivas.
Unos 32 millones de personas están convocadas a las urnas el próximo domingo en Argentina para elegir presidente, once gobernadores provinciales y renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, además de votar por primera vez a los parlamentarios del Mercosur.