Aldana Vales
Buenos Aires, 10 sep (EFE).- Activistas sociales y personalidades del derecho penal internacional propusieron hoy en Buenos Aires una serie de principios para considerar los delitos económicos y contra el medioambiente como crímenes de lesa humanidad, en la conclusión del Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI.
En la segunda jornada del congreso organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, diversos expertos y personalidades destacadas de la lucha por los derechos humanos leyeron los llamados «Principios de Madrid-Buenos Aires», que aspiran a «una protección integral y supervivencia de la humanidad frente a las grandes agresiones económicas, financieras y medioambientales».
«La aplicación de la Jurisdicción Universal por operadores jurídicos y su inclusión en legislaciones nacionales durante las últimas décadas invita al análisis y reflexión de sus logros, fracasos y retos», dice la declaración leída esta tarde.
Sin embargo, para los expertos, el principio «ha experimentado novedades, avances, correcciones y limitaciones en varios países» hasta llegar, en muchos casos, «al ámbito de desprotección».
«Por tanto, la actualización y ampliación de tales principios se hace imprescindible, así como la difusión e impulso político», leyeron los participantes, entre los que se encontraban el ex juez español Baltasar Garzón, la Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú y el juez argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni.
Además, Menchú protagonizó hoy uno de los paneles, en el que relató la lucha por los derechos humanos en Guatemala en relación con los principios de Jurisdicción Universal.
«Queríamos ver una verdad en un tribunal en el que pudiéramos dar un ejemplo de cumplimiento del derecho con el debido proceso», sostuvo la guatemalteca.
«No sabíamos lo que era el debido proceso, pero cuando empieza esa posibilidad de que exista en algún rincón del mundo un tribunal que te permite hablar y te permite escuchar empezamos una nueva educación en nuestra defensa en los derechos humanos», agregó.
Para Menchú, los crímenes de lesa humanidad «también tocan poderes fácticos, poderes paralelos, grupos paramilitares, gente con permiso a matar, gente que está mezclada entre el crimen organizado y los poderes económicos»
«Trastoca la política y trastoca el propio sistema legal», sentenció.
Por su parte, Zaffaroni disertó sobre la protección jurídica del medioambiente.
Para el magistrado argentino, utilizar la herramienta de la Jurisdicción Universal para juzgar estos delitos permitirá «poner de manifiesto las operaciones de esas grandes empresas que causan desastres medioambientales».
«Tenemos que reconocer personería a la propia naturaleza y es de América Latina de dónde tiene que surgir esta propuesta y debe ser universal», reclamó.
El camino recorrido desde un encuentro en Madrid hace casi dos años, que marcó el inicio del debate sobre los nuevos principios, también ocupó uno de los paneles centrales durante la tarde de hoy.
«Hemos intentado adaptar la Jurisdicción Universal a la nueva realidad», dijo en su intervención Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional española.
Para ella, estos puntos recogen derechos «dignos de ser protegidos a través de la Jurisdicción Universal porque requieren una especial protección y, sobre todo, porque hay que perseguir a los responsables».
En su intervención, Delgado apuntó contra las «corporaciones que se benefician con la explotación» y subrayó «la necesidad de establecer medidas que hagan permeable o transparente la actuación» de esas firmas.
Algunos de los delitos económicos que los Principios de Madrid-Buenos Aires reclaman como de lesa humanidad son los fraudes alimentarios, la especulación de precios sobre productos de primera necesidad, la explotación laboral de menores y la desviación ilícita de fondos internacionales aprobados para paliar catástrofes humanitarias.
El documento condena también el tráfico ilícito de armas hacia zonas de conflicto o con prohibición expresa de exportación por Naciones Unidas y la fuga de corporaciones o extracción masivas de fondos.
Entre los delitos contra el medioambiente, los nuevos principios de Jurisdicción Universal contemplan «la explotación ilícita de recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia pacífica de las personas» y «la contaminación severa de ríos internacionales».