Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

Tristeza, preocupación, cansancio, dolor, no sabemos cuál de las múltiples acepciones que se le adjudica al término “agobio” era la que describía lo que se intentaba decir. Sí sabemos que pese a que  se refería  con sus dichos a la ministra de justicia, en realidad estaba espejando su propio agobio.

Sin respeto de lealtades, ni siquiera de buenas formas, la arrojó a la intemperie con sus declaraciones de sillón. El envión para tirarla parece haberlo dejado sin fuerzas ya que pasan los días sin que logre designar a su reemplazante. Raro para un gobierno que, sin importarle las preocupaciones de la gente, construye el sistema judicial como la columna vertebral del legado que nos regalará su presidencia.

Es probable que el nombre que le esté faltando no sea tan importante como nos parece a quienes creemos en la trascendencia de ese rol en la vida de una república.  Y tal vez no lo sea porque esa Presidencia ha “·democratizado” la función del ministerio. No sólo porque el secretario de Justicia – Juan Martín Mena–  ha demostrado tener más poder que el que tuvo la ministro; el secretario de Derechos Humanos – Horacio Pietragalla– dirige su área como si no dependiera del ese ministerio y en muchos casos contradiciendo la voz de quien debió ser su superior jerárquico; la interventora del servicio penitenciario –María Laura Garrigós–  referencia a la Vicepresidenta y no a la Ministra, sino porque diferentes actores políticos demostraron tener iniciativa y “autonomía” (al menos del Poder Ejecutivo) en esa área tan sensible para la señora de Kirchner.

La única miembro mujer de la Corte es seguramente la persona más cercana del Poder Judicial a la exministra Losardo. El presidente le pidió públicamente, en la apertura de la Asamblea Legislativa, su renuncia por exceder la edad para ejercer el cargo. Calificó a la Corte como la cabeza de un poder podrido y al Poder Judicial todo, como habitantes de los arrabales del sistema democrático. Era el área de competencia de la funcionaria, pero todo indica que ni siquiera había sido informada.

Los soldados de la vicepresidente pretenden iniciarle juicio político a los jueces que integran ese alto Tribunal o bosquejan el funcionamiento de una Comisión Legislativa que controle al Poder Judicial. Esa Comisión fue mencionada en ese discurso con el que pareció intentar soltar amarras del buque que primero intentó convertir en un bote carente de estructura y después lo dejó a la deriva.

La inconstitucionalidad manifiesta obligó a quien todavía era ministro a aclarar que esa Comisión no iba a sancionar ni a separar jueces. Losardo tiene formación jurídica y aunque se haya tragado algunos sapos por respeto a la amistad que tiene (o tenía) con el presidente, conserva aún reflejos suficientes para no atravesar algunos límites  que transgredidos determinan que la república deje de ser designada así.

La empujaron del sillón y aunque nunca sabremos si era una jugarreta que esperaba, lo hicieron sin tener decidido quién la reemplazaría. Tal vez porque, en rigor, no hay apuro para designar al sucesor habiendo tantos funcionarios realizando su tarea.

La agenda judicial con la que solíamos manejarnos fue desdibujada ingresando con todo su ímpetu y sin pudor la agenda del poder. Lo que importa no es acelerar los procesos que tramitan los problemas de la gente. Los juicios de alimentos; los problemas de las empresas que cayeron en cesación de pago por las decisiones políticas y no por errores de su administración; el acceso a la justicia de todos los que necesitan que desde allí les den respuestas a sus dificultades. Esto ni  siquiera está  en el horizonte de los funcionarios.

Hoy las preocupaciones oficiales tienen que ver con las “angustias” que convierten en virulentos los mensajes de una vicepresidenta sólo preocupada por las investigaciones que tiene como sujetos de cuestionamiento a ella, su familia y sus colaboradores más cercanos. Finalidad esencial de la que sólo se permite distraerse para delinear las estrategias para concentrar el poder necesario para asegurar su proyecto monárquico y entronizar a su hijo en el centro del poder.

Lo que importa en consecuencia es Comodoro Py, la Cámara de Casación Penal y la Corte. No es casualidad que a ellos se dirijan los ataques del presidente y de todos los “defensores oficiales” de los imputados.

Cuando los principios son subvertidos o suprimidos por los intereses personales, como resulta harto evidente que sucedió en este caso, hablar de justicia es una torpe utopía. Con ministro o sin él lo que importa es facilitarle el logro del objetivo a la dueña del poder.  Justicia y educación son los obstáculos para lograr esa hegemonía, así que paso a paso van por ellos.

 El senador Maryans definió el pensamiento del grupo con precisión: ” En una pandemia no hay derechos” y aunque creímos que hablaba de los DDHH de los formoseños nos estaba blanqueando el centro neurálgico del pensamiento oficial. Esta pandemia que agobia al mundo,  a la vice y a su entorno le  ayudó a acelerar sus planes.

El Kirchnerismo avanza a paso firme sobre la justicia aunque no logre que el legislativo apruebe sus delirantes proyectos. Los hechos importan más que las leyes y van acelerando su producción.

Poniendo en práctica su nunca olvidada “guerra de guerrillas” remplazaron las balas por querellas y con ellas intentan herir mortalmente a los fiscales que los investigan, a los jueces que cuestionan su actuación, o a los funcionarios del anterior gobierno que pretenden alzar su voz para denunciar los atropellos y de paso, si todos somos corruptos ninguno lo es.

Nada parece casual. Al presidente no le gustan los planes según nos dijo, pero parece que a su vice sí y ataca sin pausa desde diferentes frentes a todo lo que se opone a su voluntad.  No importa si la acción es ilegal, irracional o arbitraria, sólo interesa si resulta útil a sus fines. Y frente a ese accionar, el presidente con su silencio cómplice a veces y con su expreso respaldo otras, hace suyas las finalidades  de su jefa.

Nos restringieron la libre circulación, la autonomía de la libertad , el derecho a la salud y a la  integridad física y mental. Nos demostraron que la igualdad de quienes no ejercen cargos públicos o pertenece a la elite gobernantes debe  ser equiparada hacia abajo,  pero que la de ellos no puede ser medida con esa vara. Necesitan las vacunas de los ancianos para poder estar sanos para ejecutar la tarea. Nos roban los dineros de los impuestos para  utilizarlo para fines más trascendentes. Esas finalidades  esenciales para el país son las que ellos tienen “in pectore” y no necesitan comunicarnos porque no las entenderíamos pero no debemos dudar que es lo mejor para todos. Me pregunto, ante este panorama: ¿quién necesita ministro de justicia? 

La  Corte en innumerables fallos nos ha dicho que corresponde al Poder Judicial de la Nación  garantizar la eficacia de los derechos. Por eso ¿si no hay derechos para qué necesitamos un poder judicial imparcial e independiente?

 Limitar a Insfran en su administración de la pandemia e intimarlo a que respete los derechos de los ciudadanos es una interferencia en otro poder que por añadidura agrede a un funcionario mimado por el ejecutivo nacional. Los Jueces  son funcionarios “que el pueblo no eligió” ¿qué derecho tienen  a examinar las intervenciones de los derechos individuales  o  las medidas dictadas en el marco de la política pública sanitaria dispuestas por el PEN,  en definitiva a controlar lo hecho por los funcionarios electos?

Al ver el avasallamiento institucional muchos piensan que se le causaría menor agravio a los principios republicanos indultar a quienes destruyen todo para intentar construir su impunidad. Otros afirman que a Fernandez le convendría perder las elecciones de octubre para limitar el poder de la vicepresidenta y  dos años después de asumir, empezar a gobernar.

Estresan el sistema institucional por los berrinches de una persona cansada y rencorosa a la que muchos obedecen y temen, sin que otros muchos logremos entender las razones.

La independencia de la justicia, la reforma del sistema de inteligencia, la “desaparición” de operadores que procuran torcer la voluntad judicial favoreciendo el deseo político mediante el uso del poder, de la extorsión o del incentivo de unas valijas con olor a dólares fueron alguna de las promesas electorales incumplidas. Pero el hostigamiento permanente al poder judicial con acciones directas e indisimuladas no era esperable ni siquiera por aquellos que conociendo a los actores de este melodrama argentino no dudaban que no cumplirían lo prometido.

Ante tanto agravio a las instituciones tengo tan solo un pedido para nuestro presidente, casi un ruego: que deje de presentarse como hombre de derecho. Que no agravie más a nuestra facultad diciendo que es profesor en ella. Qué no nos recuerde que tiene alumnos que lo escuchan gritar, en un escenario internacional, que los jueces hacen “payasadas” y pretenda indicarles como deben proceder, como si se tratara de sus  súbditos

¿Será mucho pedir para una simple ciudadana?