Por Ignacio PERALES, para SudAméricaHOy (SAH)

La nueva etapa del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha comenzado. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini y el embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, junto a Miguel Galuccio (Ceo de Ypf) lograron un principio de acuerdo con Repsol por la expropiación de la mayoría de sus acciones a Ypf, que se produjo en el 2012 sin compensación alguna. A falta de concretar y matizar, como parte del acuerdo, la porción del dinero en efectivo o en bonos con los que Argentina dejará satisfechas las demandas de los españoles, las reuniones en Buenos Aires dieron su fruto. El directorio de Repsol, por unanimidad, dió luz verde al acuerdo que, en lo que se refiere al pago «líquido», podría estar en torno a los cinco mil millones de dólares.

El ministro de Industria español, José Manuel Soria, el principal accionista de Caixabank, Isidro Fainé y otros altos directivos de la petrolera española, se sentaron el lunes frente a un mesa para cerrar un trato de enorme simbolismo y repercusión económica, a un lado y otro del Atlántico. Argentina no recibe inversiones desde que los españoles de Repsol en Ypf fueran expulsados de mala manera. Un acuerdo significa mucho para ambos países pero para Argentina, se abre de par en par la puerta de la explotación del yacimiento Vaca Muerta, la joya de la corona enterrada que necesita socio internacional.

Resulta paradójico que el ideólogo de la expropiación a Repsol, en abril del 2002, sea hoy el ministro de Economía argentino y más, que su primer desafío en el Gabinete, sea tratar de poner un parche en el roto que hizo, a conciencia, con la intervención primero y expropiación después de Ypf a Repsol que fue ratificada por el Congreso y el Senado.

El obstáculo, en vías de superación, que encongraban las negociaciones para darlas por cerradas -según fuentes de la península- era “la platita”. Los hombres de Brufau –el catalán se niega a volver a poner un pie en Argentina mientras esté Cristina Fernández de Presidenta- y del Gobierno de Mariano Rajoy quieren, como parte del acuerdo, efectivo o bonos que se puedan vender de forma rápida en el mercado. La cosa no es fácil. La demanda de Repsol -que se compromete a retirar- es de ocho mil millones de euros que equivalen a unos once mil millones de dólares.

A falta de conocer la letra pequeña y con la confirmación en el Consejo de Administración de Repsol, de que el acuerdo es un hecho, se puede decir que ésta es la prueba que el mundo esperaba para confirmar que la presidenta de Argentina, cambia su «modelo» y busca otro rumbo. O, al menos, ha empezado.