Buenos Aires, 1 oct (EFE).- El titular de la rama oficialista de la Confederación General del Trabajo (CGT), el metalúrgico Antonio Caló, afirmó hoy que la denuncia interpuesta contra él por lavado de dinero es «por despecho», mientras que el Gobierno restó importancia a las acusaciones.
«Es una denuncia por despecho», afirmó hoy el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en declaraciones a radio La Red, después de que este miércoles una fiscal emitiese un dictamen en el que se le imputan delitos por presunto desvío ilegal de fondos, junto a otros sindicalistas.
Caló aseguró que la persona que interpuso la denuncia que dio origen a la investigación, Segundo Pantaleón Córdoba, un exabogado de la UOM, es «un delincuente profesional».
«Es un condenado, despedido por la UOM por malversación de fondos. Lo juzgaron, lo condenaron. Ahora la cámara pidió que se investigue lo que él denunciaba y bueno, la fiscal tomó nota de eso y el juez tendrá que investigarnos. Pero que se queden tranquilos los metalúrgicos y la opinión pública que en la UOM no hay lavado de dinero», sostuvo.
«Si hay justicia, él va a ser condenado y va a ir preso. Y a mí me tendrán que investigar como a todo ser humano, como a todo habitante de esta tierra», agregó el titular de la CGT oficialista.
La fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales emitió este miércoles un dictamen en el que imputó a unas 40 personas que fueron o son autoridades de la UOM, actualmente dirigida por Caló, y del Instituto de Seguros S.A.
Sin embargo, desde el Gobierno de Cristina Fernández restaron importancia a la actuación fiscal.
«Está imputado, lo que no significa nada bueno ni nada malo. Es al solo hecho de decir que no se archivó, que juez y fiscal tienen que investigar», expresó hoy el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Ruiz Morales investiga operaciones vinculadas con un presunto desvío ilegal de dinero por parte de los administradores del Instituto de Seguros en perjuicio de sus asegurados.
El dictamen afirma que, tras una modificación del convenio colectivo de trabajo de los metalúrgicos se estableció un seguro de vida y sepelio obligatorio, para lo que la entidad gremial contrató al Instituto.
Como «retribución» por ese contrato, la entidad aseguradora «giraba mensualmente a la UOM, sumas de dinero correspondiente a un porcentaje de la recaudación del seguro de vida y sepelio, para luego ser distribuida a un grupo reducido de integrantes de dicha entidad gremial», según la fiscal.
Junto a Caló aparecen acusados vocales y autoridades del Secretariado Nacional de los metalúrgicos, entre ellos el alcalde peronista de la localidad bonaerense de Tres de Febrero, Hugo Curto, además de dos referentes históricos del gremio ya fallecidos, Lorenzo Miguel y Luis Guerrero.