jueves, 7 de enero de 2016
Sindicatos plantan cara a Macri por despidos en el sector público

Buenos Aires, 7 ene (EFE).- Dos de los sindicatos mayoritarios del sector público cargaron hoy por separado contra los despidos de funcionarios anunciados en los últimos días por el Ejecutivo argentino de Mauricio Macri y amenazaron con llevar a la Justicia los relevos de personal.
En una entrevista con Radio del Plata, el máximo responsable de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, calificó de «barbaridad» la rescisión de contrato de 2.000 trabajadores del Senado anunciada por la vicepresidenta, Gabriela Michetti.
Rodríguez adelantó que desde la ejecutiva del gremio ya están valorando qué medidas judiciales tomar para frenarlos.
Desde el Gobierno esgrimen que el número de funcionarios es excesivo y critican que las instituciones se habían llenado de militantes kirchneristas, especialmente provenientes del sector de La Cámpora, la agrupación impulsada por el hijo de la expresidenta Cristina Fernández, Máximo Kirchner.
Según Michetti, el Ejecutivo planea también despedir a trabajadores en los ministerios.
Rodríguez replicó que «sólo existe una minoría de empleados públicos que no trabajan» y lamentó que no se haya evaluado «nada» a la hora de rescindir los contratos laborales de los empleados, por lo que insistió en que llevarán esos despidos a la justicia.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, advirtió esta mañana, también en conversación con Radio del Plata, que su sindicato no va a permitir que el Gobierno descalifique a los trabajadores públicos mediante despidos «masivos».
«Estamos en una situación grave», entendió el titular de la asociación, quien señaló que ya se están tomando «medidas de fuerza» para defender la «estabilidad laboral».
Paralelamente a las protestas sindicales, los trabajadores del Centro Cultural Kirchner convocaron una concentración para hoy en señal de protesta contra la decisión del Ejecutivo de no renovar el contrato del 80 % de la plantilla de la institución, que vencía el pasado 31 de diciembre.