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Discurso de Gabriel Boric
La Paz, 20 sep (EFE).- El Gobierno de Bolivia afirmó hoy que si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya responde negativamente el próximo jueves 24 a su petición de declararse competente para tratar su demanda marítima contra Chile trabajará en otras opciones para seguir con el reclamo jurídico.
«Si la decisión fuera negativa, no creemos que La Haya agote nuestras demandas. Tenemos que explorar otras opciones que las tenemos. Es decir, no hemos hipotecado todo nuestro arsenal jurídico en la Corte, tenemos otras opciones y las vamos a trabajar», declaró a los medios el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
No obstante, dijo que el Gobierno espera la decisión de la CIJ con «el mayor optimismo del mundo» porque considera que será a favor «empezar a resolver una injusticia centenaria».
Los equipos jurídicos de Bolivia y Chile comparecieron en mayo pasado en las audiencias de alegatos orales convocadas por la CIJ para tratar la petición chilena de que el tribunal se declare incompetente para decidir sobre la reclamación boliviana.
Los abogados bolivianos argumentaron a favor de la competencia del tribunal de Naciones Unidas, ante el que presentaron en 2013 una demanda para pedir un fallo que obligue a Chile a negociar en firme y de buena fe su reclamación de un acceso soberano al Pacífico.
Chile objetó la competencia de la CIJ y rechaza el reclamo boliviano con el argumento de que los límites quedaron zanjados en un tratado firmado en 1904, 25 años después de la guerra.
En esa contienda bélica, Bolivia perdió 400 kilómetros de costa en el Pacífico y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
Algunas opciones de análisis, según adelantó Quintana, «se derivan del incumplimiento del Tratado» de 1904.
El Gobierno de La Paz ha acusado varias veces al de Santiago de incumplir ese documento en lo referido a las condiciones de libre tránsito que impone para el transporte boliviano.
En la lectura del fallo del jueves, Bolivia estará representada por su agente ante la CIJ, el expresidente Eduardo Rodríguez (2005-2006), sus abogados y funcionarios de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) de la Cancillería.