Por Carmen DE CARLOS, para SudAmericaHoy

En menos de un año, el Gobierno que preside Evo Morales, ha nacionalizado media docena de empresas de capital español. La última, hace unos días, fue Sabsa (Abertis con participación de AENA) que operaba los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Antes que ésta, cuatro filiales de Iberdrola y una de Red Eléctrica de España, pasaron a manos del Estado Plurinacional. Seis expropiaciones, en menos de doce meses, de firmas de un mismo país no es un dato menor. Si ese país, además, es el mismo que no hace mucho tiempo , durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, le condonó la deuda a Bolivia, el asunto llama más la atención.

Hay otro dato que no puede pasar inadvertido: Bolivia recibe de España, pese a la crisis, una sustanciosa cooperación y España es su mejor aliado en la Unión Europea. La reacción esta semana del Ejecutivo español, hasta ahora comedido, se ha traducido en algo más que una advertencia. El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, planteó a la UE la necesidad de revisar la “generosa” colaboración económica tras la cascada de expropiaciones españolas en Bolivia. De paso, le recordó a Evo Morales que en la UE, “España es (¿era?) la única defensora” de esas contribuciones.

El país más pobre de Sudamérica ha elegido tensar la cuerda con un socio que, hasta la fecha, le ha resultado útil y beneficioso. El mecanismo de reestatización de sus empresas viene acompañado, en todos los casos, de unas formas hirientes e innecesarias: Sin previo aviso, tropas militares entran a paso ligero en las instalaciones de las compañías. El gesto podría pasar desapercibido en el mundo pragmático de los negocios si Bolivia indemnizara, como corresponde en toda expropiación, a los dueños de las firmas. Esa tradición, de momento, parece interrumpirse con Sabsa (Abertis y Aena).

La empresa española reclama una compensación de 90 millones de dólares y amenaza con recurrir al Ciadi (Centro Internacional de Arreglos Diferenciales de Inversiones que depende del Banco Mundial). El Gobierno de Evo Morales la rechaza con un argumento: “Hemos demostrado que en vez de invertir nos estaban saqueando como país”.

El caballo de batalla puntual entre las partes se resume de este modo. Sabsa “heredó” en el 2004 las tres concesiones aeroportuarias de la británica TBI que a su vez había recogido el testigo de la estadounidense Airport Group International. Según sus estimaciones, la concesión realizó una inversión general de 33,6 millones de dólares y entregó al Estado boliviano 73 millones de dólares en concepto de derechos por operar en las terminales aéreas. Ahora, proponía invertir otros 36 millones de dólares para evitar su nacionalización.

Evo Morales consideró la propuesta insuficiente y le reprochó esta semana, en la sede de la ONU: “No hubo ningún plana de inversión, solo saqueo, saqueo”. Por error, el presidente de Bolivia le atribuyó la concesión a Sabsa desde 1997 cuando la recibió en el 2004. El gerente de la compañía, Anthony Alicastro, ha repetido que podrían haber invertido más si el Gobierno no hubiera congelado las tarifas aeroportuarias desde el 2001 pese a que, por contrato, estaban obligados a su actualización en función de la inflación.

Con la pelota de la culpa rebotando de un campo a otro, Evo Morales decidió establecer un plazo de 180 días para que una consultora determine el valor de compensación pero también establezca “cuánto ha dejado de invertir Sabsa”. La factura de la estatización de la filial de Abertis de la que participa AENA, parecería tener un alcance mucho mayor que el previsto por el Gobierno boliviano. La Comisión Europea le reclamó hace un par de días a Bolivia que compense de forma “rápida” y “adecuada” a la empresa. Evo Morales recibió el mensaje completo (el de la UE y el de España) y parece haber tomado conciencia del alcance de esta seguidilla de expropiaciones. “Tal vez, por culpa de algunas malas empresas, estamos teniendo ciertas diferencias de carácter diplomático…No es por culpa del Gobierno español, no es por culpa del pueblo español” sino, “de algunas empresas que solo vienen a saquear, a robar y a hacer plata sin pensar en una inversión para mejorar nuestros aeropuertos”.

Las declaraciones del presidente boliviano vienen a poner paños fríos en una relación bilateral que ha adquirido, innecesariamente, temperatura de enfermo. Bastaba con mantener las formas, expropiar de acuerdo a los mecanismos establecidos y pagar el “justi precio” a Sabsa. De haber seguido ese camino, Bolivia no vería peligrar la cooperación internacional de España y de la Unión Europea. Tampoco habría tenido la necesidad de tranquilizar al mundo y decirle a Repsol, a la francesa Total o la brasileña Petrobras que “su inversión está garantizada”. ¿Será verdad?