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Buenos Aires, 17 jul (EFE).- Una diputada opositora argentina recurrió hoy la decisión de la Justicia de apartar al juez Claudio Bonadío de la causa sobre presuntas irregularidades en la empresa Hotesur, participada por la presidenta, Cristina Fernández, informaron fuentes del partido de la legisladora.
Margarita Stolbizer, diputada del partido de centroizquierda GEN, recurrió el dictamen emitido ayer por la Cámara Federal de Casación Penal, que anula «ciertos actos (pesquisas ordenadas) y el apartamiento del juez natural de la causa, Dr. Claudio Bonadío», según informó GEN en un comunicado.
Según la legisladora, responsable de la denuncia que inició la causa contra Hotesur, la decisión de la Cámara pone en peligro la «continuidad» de la causa y «vulnera normas constitucionales que garantizan el debido proceso».
«La Sala I solamente debía expedirse sobre la validez jurídica de la consulta del juez a los peritos de la corte. Aún reconociendo las atribuciones para rever y declarar nula esa medida, la decisión del apartamiento del juez es desmesurada y arbitraria», sostiene Stolbizer en el comunicado.
«(El desplazamiento) demuestra la intención de aplicar una sanción política al juez que tres días antes llevó adelante un procedimiento para obtener información sobre las sociedades de la familia Kirchner. En Argentina se va instalando el mensaje sobre los peligros que implica investigar al poder», continúa.
Para Stolbizer, quien también es precandidata para las elecciones presidenciales de octubre, las «presiones sobre el juez» son «la confesión de la responsabilidad» de Fernández «por las irregularidades en el manejo de sus negocios privados y la imposibilidad de justificar sus aumentos patrimoniales».
Bonadío se hizo cargo de la causa sobre las presuntas irregularidades en Hotesur, empresa gestora del lujoso hotel Alto Calafate (en la sureña provincia de Santa Cruz), a partir de la denuncia presentada el año pasado por Stolbizer.
La Cámara de Casación decidió ayer apartar a Bonadío a raíz de una petición interpuesta por Romina Mercado, titular del directorio de Hotesur, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina de la mandataria argentina.
Según explicó hoy el jefe de ministros, Aníbal Fernández, la Justicia accedió a la petición debido a que el magistrado «quiso designar peritos sin decir quiénes eran ni para qué los quería» y ello afectaba el «derecho a la defensa» de los involucrados.
Bonadío había ordenado el pasado lunes la ejecución de varias medidas de prueba en la provincia de Santa Cruz, entre ellas el allanamiento de una inmobiliaria del hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, en la capital provincial, Río Gallegos, mientras la jefa de Estado se encontraba en esa ciudad.
Los operativos ordenados por el juez desataron un escándalo político porque se ejecutaron a través de efectivos de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, gobernada por el opositor Mauricio Macri, quien competirá en las elecciones primarias de agosto con vistas a las presidenciales de octubre.