Por Verónica Ormachea, para SudAméricaHoy

¿Hay peor condición de un desaparecido tras ser asesinado por una dictadura militar? Han pasado 41 años y los restos de Carlos Flores Bedregal siguen desaparecidos de forma forzosa, así como los de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El 17 de Julio de 1980 cuando el golpe militar de García Meza, un operativo militar llegó parapetado en unas ambulancias a la reunión del Comité Nacional de la Defensa de la Democracia (CONADE) en la Central Obrera Boliviana (COB), allanaron la sede, ametrallaron al edificio, los detuvieron, les dispararon y heridos los introdujeron a las ambulancias, según testigos.

Carlos Flores, de 28 años, era diputado nacional y dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR), fue una de las víctimas.

Educado por jesuitas, era un joven político que luchaba por sus ideales. 

Desde su asesinato y desaparición, la familia Flores Bedregal, principalmente Olga, se ha encargado reclamar su paradero al Estado boliviano. Han pasado más de 40 años y no tienen respuesta. 

Olga ha dedicado su vida, todo su esfuerzo e invertido hasta su último centavo en tratar de encontrar los restos de su hermano. Ha sufrido lo indecible ya que tuvo que ver tres exhumaciones falsas o de pronto aparecían paramilitares que le decían que tenían pruebas de su paradero. 

Incluso Evo Morales declaró el 2010 “no existen archivos clasificados de las dictaduras”. Falso, todo falso. Dolor, mucho dolor. 

Olga, autora del libro País sin fin, escribió antes el libro Carta Inconclusa a mi hermano Carlos. En él narra el infame golpe militar, le escribe cartas conmovedoras y relata una biografía de su corta vida. 

Olga y la familia Flores aún no pueden cerrar este trágico episodio porque el Estado boliviano se lo impide. Es fundamental cerrar el ciclo doloroso con los fallecidos, caso contrario la herida queda abierta y se vive un duelo permanente. Los fallecidos merecen un entierro digno.

Olga pide -con el derecho que merece- que se desclasifiquen los archivos de las FFAA que dicen donde se encuentran los restos de Carlos así como el derecho a la información establecido en la Constitución.

Después de 20 años, todo documento debe ser desclasificado. Según la ley orgánica de las FFAA, se pueden desclasificar archivos con una orden judicial o una resolución de la Asamblea Plurinacional. Olga obtuvo cinco órdenes judiciales, pero las FFAA no las cumplen.

En cualquier sociedad democrática se deben desclasificar los archivos. Incluso la CIA lo hace. Cualquier ser humano tiene derecho a la información, más aún si se trata de violaciones a los derechos humanos.

La Comisión de la Verdad del 2018, no dio resultados en el caso de Carlos Flores porque estuvo politizada por el gobierno del MAS.

Ante la indiferencia del Estado boliviano, Olga se vio obligada a recurrir a la Comisión Interamericana que después de 12 años el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

El mes pasado fue escuchada por 7 jueces de gran prestigio. Olga declaró que el Estado boliviano no admite la desaparición de Carlos.

La procuraduría afirmó que no hubo desaparición porque Carlos Flores fue asesinado y su cuerpo sustraído de la morgue del Hospital de Clínicas. Obviamente no fue sustraído por su familia, caso contrario no estarían buscando sus restos y viviendo un calvario hace 40 años.

Se espera que hasta fin de año, la Corte-IDH redacte una sentencia, que dé un veredicto favorable, se desclasifiquen los archivos y se permita llegar a la verdad. Entretanto, “mientras los restos no sean localizados, la desaparición forzada sigue ejecutándose”, dijo el jurista Subieta. El dictador García Meza fue sentenciado a cadena perpetua y murió.