Por Carmen DE CARLOS, para SudAméricaHoy

Mirar para otro lado es lo que están haciendo buena parte de los países de América Latina y a su manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Jeanine Áñez. La ex presidenta interina de Bolivia se ha convertido en una víctima del abuso de poder de Luis Arce. No es difícil pensar que detrás de esa vendetta está la mano alargada de Evo Morales pero la responsabilidad de ese trato inhumano que se le está dispensando a Añez es del actual presidente de Bolivia.

Los allegados de Áñez y sus abogados denuncian que recibe, entre rejas, amenazas, agresiones y un oscuro tratamiento que la ha empujado a un intento de suicidio mientras cumple los seis meses (ahora será un año) de prisión preventiva. Las condiciones de su reclusión y la alimentación a la que someten a la mujer que cumplió, con apoyo de la UE, en celebrar unas elecciones limpias y transparentes, tienen el repudio de políticos de la oposición, ex presidentes bolivianos como Carlos Mesa y Tuto Quiroga así como de aquellos que forman parte de la plataforma IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas). Frente a estas condenas por la evidente situación de riesgo de vida de Áñez, llama la atención el silencio de otros mandatarios en ejercicio de la región y de esos intelectuales que acostumbran a alzar la voz cuando algún político, usualmente identificados con ideologías de izquierda, es puesto en tela de juicio.

A Jeanine Áñez la acusan de genocidio, de dar un golpe de Estado, la imputan, con sus ministros, los delitos de “sedición y terrorismo” durante la crisis del 2019, tras las elecciones fraudulentas que organizó, de forma tramposa, Evo Morales. El proceso, de antemano, parece surrealista pero, en cualquier caso, la ex presidente debe someterse al mismo. Eso sí, con derecho a una legítima defensa y a ejercerla en libertad, como exigen también el secretario general de la OEA, Luis Almagro y el secretario de Estado de EE. UU, Antony Blinken.