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Discurso de Gabriel Boric
El linchamiento seguido de muerte del viceministro boliviano Rodolfo Illanes, ha sacudido Bolivia y buena parte del mundo. Los mineros lo retuvieron contra su voluntad, prendieron fuego a su automóvil y decidieron acabar a golpes y pedradas con su vida.Antes, la víspera, dos de los suyos, habían muerto a balazos de la Policía en Cochabamba. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Por qué en Bolivia las protestas tienden a terminar con muertos? ¿Cuándo se va a poner punto y final a la cultura del linchamiento y los ahorcamientos? A veces no hay respuesta para preguntas tan básicas como éstas.
Illanes acudió a la cita con los cooperatistas mineros para tratar de llegar a un acuerdo mediante el diálogo por sus protestas, a lo largo de la cordillera de los Andes, a la reforma de la Ley General de Cooperativas, éstas, en rigor, son agrupaciones de mineros independientes que se unen para la explotación de yacimientos en concesión.
El ministro fue sin temor a que sucediera lo que sucedió después. Fue tomado como rehén el jueves a las 9.30 de la mañana. Una hora larga más tarde llamó tres veces por teléfono para pedir auxilio y advertir que le estaban amenazando. Posteriormente habló en una especia de rueda de prensa con los periodistas. No volvió a saberse nada más de él hasta las 18.30 que se informó de su muerte.
“Lo llevaron hasta una antena, una repetidora muy cerca de Panduro y ahí lo torturaron, lo golpearon, lo mataron. Le aplastaron el cráneo con una piedra, suponemos… De ahí lo arrojaron a un barranco”, relató el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.
El cadáver de Illianes fue descubierto de madrugada a la orilla de la carretera La Paz-Oruro. Se detuvo a un grupo numeroso, se cerró la emisora de radio de los mineros, el Gobierno declaró tres días de luto y el presidente Evo Morales hizo su particular lectura de lo sucedido: “¿Qué siento? Que en esta movilización de Fencomin (Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia) había una conspiración política y no una reivindicación social”. Sobre Fermín Mamani y Severino Ichota, los dos mineros muertos en Cochabamba Morales se justificó, “El Gobierno nunca ordenó a la Policía llevar armas letales, sospechosamente ha habido muertos que tienen que ser investigados por las autoridades competentes”. En la línea de la “conspiración” atribuyó las movilizaciones de los mineros no a la reforma de la ley sino a su interés en suscribir contratos con empresas bolivianas y multinacionales. “No son republiquetas (los cooperativistas) ni Estados para firmar contratos … Lamento mucho pero empresarios engañan a los cooperativistas”, dijo en alusión a las demandas de los mineros que pretenden ser propietarios de los yacimientos, colaboración estatal en la comercialización de los minerales y la derogación de otros puntos de la nueva ley.
La “captura” de mediadores en negociaciones ante conflictos sociales en Bolivia no es algo nuevo pero hacía décadas que el rehén no pagaba con su vida. El mundo se horroriza con la noticia pero no es descabellado pensar y decir que no es la primera y ni será la última vez que se de un caso de justicia por mano propia.